PROGRAMA Institucional 2020-2024 de la
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente |
Martes 19 de Mayo de 2020 |
Al margen un sello con el Escudo Nacional,
que dice: Estados Unidos Mexicanos.- GOBIERNO DE MÉXICO.- Procuraduría de la
Defensa del Contribuyente.
LUIS ALBERTO PLACENCIA
ALARCÓN, Titular en Funciones, en mi carácter de Subprocurador de Asesoría y
Defensa del Contribuyente, en suplencia por ausencia del Titular de la
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en términos del artículo 14,
fracción I, en relación con el artículo 5, Apartado B, fracción III, del
Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, primer párrafo, 6, fracción
I, 8, fracciones I, VII, XI y XII de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la
Defensa del Contribuyente; 1, 2, fracciones IX, XI y XII, 3, 5, Apartado A,
fracción I, 7 y 15, fracciones II, V, XI, XVIII y XXVI del Estatuto Orgánico de
la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; expido el siguiente:
Programa Institucional 2020-2024 de la
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ENTIDAD NO
SECTORIZADA DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
1.- Índice
2.- Fundamento normativo de elaboración del programa
3.- Siglas y acrónimos
4.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa
5.- Análisis del estado actual
6.- Objetivos prioritarios
6.1.- Relevancia del Objetivo prioritario 1: Asegurar el ejercicio del
derecho a la justicia en materia fiscal en el orden federal
6.2.- Relevancia del Objetivo prioritario 2: Abatir las causas que generan
conflictos entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, derivadas de la
estructura del sistema tributario
7.- Estrategias prioritarias y Acciones puntuales
8.- Metas para el bienestar y Parámetros
9.- Epílogo: Visión hacia el futuro
2.- Fundamento normativo de elaboración
del programa
De conformidad con los
artículos 25 y 26 Constitucionales, corresponde al Estado la rectoría del
desarrollo nacional, garantizando que sea integral y sustentable, que vele por
el fortalecimiento de la soberanía nacional y su régimen democrático, y que a
través del fomento del crecimiento económico y una distribución equitativa del
ingreso y la riqueza, se llegue al pleno ejercicio de la libertad y el respeto
de las garantías consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Asimismo, de los artículos 22 y 24 de la Ley de Planeación se desprende
que el Plan Nacional de Desarrollo indicará los distintos programas
sectoriales, institucionales, regionales y especiales que coadyuvarán al
desarrollo integral del país.
La Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a todas las personas, el goce
de sus derechos humanos, así como las garantías para su protección. Por ello,
el Estado tiene la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y
garantizarlos. Uno de estos es el derecho a la justicia fiscal, entendida como
el derecho de cualquier ciudadano a recibir un trato justo por parte de las
autoridades fiscales.
El acceso a la justicia
fiscal es un derecho humano que toda persona tiene garantizado en un Estado
moderno de derecho. En líneas generales, significa que el contribuyente tiene
derecho al ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones tributarias, a
través de los medios proporcionados por el Estado para exigirlos.
El Programa
Institucional de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 2020-2024,
tiene su fundamento jurídico en los artículos 1, 26 y 134 de la Constitución
Política de los Estados Mexicanos; 1, 2, 3, 9, 12, 17 fracción II, 22, 24, 27,
29, 30 y 31 de la Ley de Planeación; 1, 2 fracción XVI, 4, 7, 16, 24, 25, 27,
28, 61, 85, 107, 110, 111 y artículo sexto Transitorio de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1 y artículos cuarto y sexto
Transitorios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 2, 5, 6
fracciones I y II, 8 fracciones I, II, VII, IX y XI, 12 y 13 fracción II de la
Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; 1, 3 fracción
I, 9, 17 bis y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1,
2, 11, 14, 47, 48, 49, 50, 52, 59 fracciones I, II, III, VIII y X de la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales; y, 22 del Reglamento de la Ley Federal
de las Entidades Paraestatales.
Finalmente, de
conformidad con el Artículo 2 de su Ley Orgánica, la Procuraduría de la Defensa
del Contribuyente, es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, funcional y
de gestión. Por lo anterior, corresponde a ésta, la responsabilidad de
publicar, ejecutar y dar seguimiento a su Programa Institucional en los
términos dispuestos por las disposiciones legales aplicables.
3.- Siglas y acrónimos
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
PND 2019-2024: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
PRODECON: Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
SAT: Servicio de Administración Tributaria.
4.- Origen de los recursos para la
instrumentación del Programa
La totalidad de las
acciones que se consideran en este Programa, incluyendo aquellas
correspondientes a sus Objetivos prioritarios, Estrategias prioritarias y
Acciones puntuales, así como las labores de coordinación interinstitucional
para la instrumentación u operación de dichas acciones, y el seguimiento y
reporte de las mismas, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los
ejecutores de gasto participantes en el Programa, mientras éste tenga vigencia.
5.- Análisis del estado actual
I. Introducción.
El PND 2019-2024
reconoce los principios constitucionales que otorgan a la ciudadanía derechos
fundamentales e igualdad ante la ley, al incluir como uno de sus principios
rectores:
Al margen de la ley, nada; por
encima de la ley, nadie.
“Ante el sistemático quebrantamiento
de las leyes, tanto en su espíritu como en su letra, hemos de desempeñar el
poder con estricto acatamiento al orden legal, la separación de poderes, el
respeto al pacto federal, en observancia de los derechos sociales, colectivos y
sociales, empezando por los derechos humanos, y el fin de la represión
política; nada por la fuerza; todo, por la razón; solución de los conflictos
mediante el diálogo; fin de los privilegios ante la ley y cese de los fueros”.
Asimismo, dentro del
Eje General 1.- Política y Gobierno, se establecen los siguientes principios:
● Recuperar
el Estado de derecho.
“Durante
décadas, el cumplimiento de las normas legales fue asumido por los gobernantes
como optativo y discrecional. Semejante conducta generó un gravísimo daño a las
instituciones y a la moral pública, por cuanto generalizó el ejemplo de la
ilegalidad en sectores de la población. En el actual gobierno todos los
empleados públicos deberán acatar y aplicar el conjunto de leyes vigentes en el
país, en la inteligencia de que sólo una autoridad respetuosa de la legalidad
puede restaurar la confianza en ella por parte de la población”.
● Mandar
obedeciendo.
“Antes
de tomar determinaciones, los gobernantes deben escuchar a sus gobernados y
actuar en consecuencia. Los funcionarios públicos de todos los niveles están
obligados a servir, no a servirse; a desempeñarse como representantes de la
voluntad popular, no como sus usurpadores; a acordar, no a imponer; a recurrir
siempre a la razón, no a la fuerza, y a tener siempre presente el carácter
temporal de su función y no aferrarse a puestos y cargos”.
● Libertad
e Igualdad.
“En
el presente sexenio el quehacer gubernamental impulsará la igualdad como
principio rector: la igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres,
entre indígenas y mestizos, entre jóvenes y adultos, y se comprometerá en la
erradicación de las prácticas discriminatorias que han perpetuado la opresión
de sectores poblacionales enteros”.
Para el cumplimiento de
los principios antes referidos, se requieren entre otras medidas: asegurar el
ejercicio del derecho a la justicia en materia fiscal en el orden federal;
prevenir y corregir las fallas y deficiencias del sistema tributario; así como
promover entre la ciudadanía el conocimiento de sus derechos e incrementar la
confianza en las autoridades fiscales.
Para contribuir a
alcanzar una situación de bienestar de la población en materia de justicia
fiscal y coadyuvar para el cumplimiento de lo establecido en el PND 2019-2024
en materia de fortalecimiento al Estado de Derecho y respeto a los derechos
humanos, la PRODECON elabora su Programa Institucional para el periodo 2020-2024,
mismo que busca afianzar las acciones para que la población tenga acceso a
alternativas de defensa legal que le permitan ejercer su derecho a la justicia
en el ámbito fiscal federal, así como para abatir las causas que provocan
conflictos en la relación tributaria, en estricto apego al marco jurídico y
atendiendo las posibles brechas de desigualdad que puedan identificarse.
1. El acceso al ejercicio del
derecho a la justicia fiscal no está plenamente garantizado.
El Estado de Derecho es
un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y
entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los
derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa, y eficiente. Además,
el Estado de Derecho, vincula a las autoridades y ciudadanos estableciendo
derechos, obligaciones y límites para que las personas puedan vivir en armonía,
mejorar sus oportunidades de desarrollo y mantener un patrimonio seguro. Bajo este principio
democrático, se constituyen una serie de elementos que garantizan la justicia
en su sentido más amplio, ya que buscan “que los derechos humanos sean
protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea
compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión…”.
De manera general, se
considera que el Estado de Derecho se integra por cuatro componentes
fundamentales: rendición de cuentas del gobierno y los ciudadanos ante la ley;
existencia de leyes justas, claras y estables, que se aplican de manera
equitativa y protegiendo los derechos fundamentales; procesos justos de
promulgación, administración y aplicación de las leyes; y mecanismos
imparciales y accesibles para resolver disputas. Por lo anterior, debemos
evaluar el acceso a la justicia fiscal en el orden federal bajo estos mismos
parámetros, ya que son uno de los ámbitos que contribuyen a fortalecer el
Estado de Derecho. Para considerar que dentro de dicho ámbito el Estado de
Derecho se respeta, se debe contar con los cuatro componentes referidos. No
obstante, con base en la evidencia existente, se puede establecer que el Estado
de Derecho dentro del ámbito fiscal federal no está plenamente garantizado en
nuestro país. Es frecuente que tanto la ciudadanía como las autoridades no
acaten cabalmente las leyes y que esto no tenga consecuencia, ejemplo de ello
son la evasión fiscal y la corrupción. Respecto de las leyes y normas fiscales;
es una demanda ciudadana permanente el hacerlas más claras, justas y estables,
ya que muchos de los problemas de cumplimiento se derivan de la excesiva
regulación, la complejidad de éstas, así como su constante cambio. En cuanto a
los procesos de promulgación, administración y aplicación de las leyes
fiscales, persiste una alta discrecionalidad de las autoridades fiscales en su
promulgación y aplicación, dando como resultado actos u omisiones que afectan
los derechos fundamentales de la población. Y finalmente, tampoco los
mecanismos para la solución de disputas son accesibles, ya que requieren de un
tiempo excesivo para su solución y además, de una cantidad de recursos que
están fuera del alcance de la mayoría. Es decir, la situación actual presenta
problemáticas recurrentes, como la persistencia de un marco legal en materia
fiscal, excesivo y complejo; el desconocimiento de medios alternativos de
solución de controversias en materia fiscal del orden federal; además de la
falta de opciones asequibles de asesoría y defensa adecuadas y de calidad
cuando la población enfrenta problemas legales en materia fiscal. En
consecuencia, se requiere la intervención pública para poder atender dichas
problemáticas para poder hacer efectivos los compromisos establecidos en el PND
2019-2024, mediante la intervención del Estado para garantizar el acceso de
toda la población a la justicia fiscal, así como corregir las causas que
generan conflictos entre ciudadanía y autoridades.
No debemos soslayar,
sin embargo, que el ejercicio de la ciudadanía conlleva derechos y
obligaciones; una de ellas es “Contribuir para los gastos públicos, así de la
Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que
residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. Por tanto, todo aquel
sujeto de derecho que debe participar en el financiamiento de los gastos
públicos, por encontrarse en algún supuesto previsto por las leyes fiscales
mexicanas, es considerado como contribuyente; y pueden ser personas físicas o
morales, nacionales o extranjeras, y de carácter público o privado. En dicho
contexto, y con base en cifras oficiales, al cierre de julio de 2019, el padrón
de contribuyentes activos ascendió a 75.1 millones, de los cuales, 73 millones
son personas físicas (de éstas, 41.9 millones son personas asalariadas) y 2.1
millones son personas morales.
Para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, el Estado mexicano
cuenta con un sistema tributario en el orden federal, compuesto por autoridades
fiscales como el SAT y Autoridades Coordinadas; Organismos Fiscales Autónomos
como el IMSS y el INFONAVIT; y en el ámbito de impartición de justicia, el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como los órganos
jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con competencia en materia
fiscal.
En lo que respecta al
marco legal que regula al sistema tributario, éste se integra por un amplio y
diverso universo de leyes, reglamentos, el Código Fiscal de la Federación y
otras disposiciones legales y normativas. Dicho marco legal presenta múltiples
y continuas reformas, motivadas por la necesidad de corregir fallas o
problemáticas recurrentes del propio sistema tributario. Uno de los efectos de
este proceso constante de reformas, es la creación de varios regímenes
fiscales, que determinan tratos diferenciados para algunos contribuyentes o
grupos de ellos, por su actividad económica o condición social. Y aunque en
principio este trato diferenciado no es injusto, ya que busca reconocer y
subsanar dichas diferencias; en la práctica genera situaciones de privilegio
hacia algunos sectores con influencia económica o política, en perjuicio del
bienestar general de la población. Además, las excepciones y regímenes fiscales
especiales complican los procesos de recaudación y en ocasiones, son
aprovechados indebidamente por contribuyentes a los que no están dirigidas
originalmente dichas excepciones.
Bajo este contexto,
cuando la ciudadanía se ve afectada en sus derechos por actos u omisiones de
las autoridades fiscales federales, debe buscar asesoría y defensa legal
adecuada. Hasta antes de la existencia de la PRODECON, estas opciones estaban
fuera del alcance de la ciudadanía con mayor vulnerabilidad económica, como son
las personas físicas consideradas como pequeños contribuyentes y asalariados;
aunque también afecta a grupos de población como personas de la tercera edad y
poblaciones de comunidades indígenas. Ante ello, PRODECON busca asegurar el
ejercicio del derecho a la justicia fiscal en el orden federal, proporcionando
servicios de asesoría, representación legal, quejas y acuerdos conclusivos; de
forma expedita, gratuita y con calidad, contribuyendo al fortalecimiento del
Estado de Derecho.
2. La
estructura del sistema tributario genera conflictos recurrentes entre los
contribuyentes y las autoridades fiscales federales.
El exceso y complejidad
del marco legal y regulatorio en materia fiscal federal, contribuye también a
complicar el funcionamiento adecuado del sistema tributario, al ocasionar
discrepancias en su interpretación entre sus actores (contribuyentes, asesores
o especialistas fiscales, autoridades fiscales federales, así como por los
tribunales federales que tienen competencia en la materia). Tal situación
ocasiona efectos importantes en la actividad económica en su conjunto, como una
baja recaudación respecto de otras economías con nivel de desarrollo similar al
nuestro, cargas administrativas excesivas, disminución de competitividad del
sector productivo y daño en la legitimidad del Estado. De acuerdo con el Banco
Mundial, basado en los resultados de su reporte “Doing Business 2019”, en México se emplean 240 horas al año para el pago de impuestos, en comparación con 150 horas
en promedio en los países que pertenecen a la OCDE.
También es importante
destacar que persiste un problema de inequidad tributaria, propiciado entre
otros factores, por el hecho de que una parte considerable de la actividad
económica del país se desarrolla al margen del sistema tributario, dentro de lo
que se conoce comúnmente como economía informal. Para dimensionar la
informalidad, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que realiza el
INEGI, reporta al cierre del segundo trimestre de 2019 que la Población
Económicamente Activa (PEA) ocupada, asciende a 56.9 millones de personas, de
las cuales 30.9 millones (que representa el 56.3% del total nacional) se
encuentran en la informalidad.
Esto implica que son personas laboralmente vulnerables, por la naturaleza de la
unidad económica para la que trabajan, cuyo vínculo o dependencia laboral no le
da acceso a la seguridad social o no es reconocido por su fuente de trabajo y,
en consecuencia, tampoco contribuye con el pago de los impuestos
correspondientes.
Ante este panorama, en
el que subsiste un sistema tributario con un marco legal diverso, complejo y en
constante cambio; con múltiples entes recaudadores; y un importante sector de la
economía en la informalidad, resulta complicado para el Estado vigilar el
cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. Como respuesta a esta
problemática, la legislación y normatividad en materia fiscal otorga facultades
amplias a las autoridades y organismos fiscales autónomos, en materia de
vigilancia y comprobación. Dichas facultades derivan en actos como la
realización de visitas domiciliarias, auditorías, cancelación de facturas
electrónicas, negativa en devolución de impuestos, determinación de créditos
fiscales, embargos de bienes o cuentas bancarias, entre otros. Cabe destacar
que, en los últimos años, las autoridades fiscales así como los organismos
fiscales autónomos han realizado un esfuerzo considerable para simplificar,
transparentar y hacer más efectivos sus procesos de vigilancia y comprobación;
situación que se ha robustecido con la participación de PRODECON, al
identificar problemáticas y/o prácticas recurrentes de las autoridades fiscales
que vulneran los derechos de los contribuyentes. No obstante, como consecuencia
de la propia dinámica de desarrollo, la incorporación de nuevas tecnologías,
cambios en los sectores productivos y económicos, además del proceso continuo
de actualización y modificación del marco legal y regulatorio en materia
fiscal, algunas de estas prácticas persisten y surgen nuevas. Por lo que se
requiere mantener la participación de PRODECON en su carácter de ombudsman
fiscal, para proponer medidas preventivas, correctivas, sugerencias o
recomendaciones para salvaguardar los derechos fundamentales de los
contribuyentes, así como detectar las causas y corregir efectos de las fallas
en el sistema tributario.
Otro aspecto en el que
se debe trabajar para corregir las fallas del sistema tributario es la
consolidación de la cultura fiscal. Para garantizar el acceso a la justicia en
materia fiscal, es necesario que la ciudadanía conozca sus derechos, los
procesos o recursos que la propia ley le otorga para su defensa, las instancias
administrativas a las que requiere acudir para resolver su problemática, así
como aquellas que pueden otorgarle asesoría, defensa legal y/o mecanismos
alternativos de solución de controversias, como es el caso de PRODECON. De lo
contrario, la ciudadanía enfrenta el reto de cumplir con las obligaciones que
le impone la ley desde un estado general de desconocimiento del marco legal, de
las diversas autoridades, los procesos de éstas, así como del alcance jurídico
de los actos de autoridad, colocándola en un estado grave de indefensión.
También se requiere
revertir el proceso de deterioro de la confianza entre la ciudadanía y las
autoridades fiscales, así como de los ciudadanos para con los mecanismos
formales para la solución de los conflictos en el ámbito fiscal federal. Esto
es importante no sólo porque como se establece en los principios rectores del
PND 2019-2024; recuperar el Estado de Derecho implica que sólo una autoridad
respetuosa de la legalidad puede restaurar la confianza en ella por parte de la
población; y mandar obedeciendo, que hace un llamado a los funcionarios
públicos para acordar, no a imponer. Esta falta de confianza se traduce en que
la ciudadanía en muchos casos no acuda ante la autoridad para solucionar sus
problemáticas, agravando su situación jurídica y, en consecuencia, generando
mayores costos de cumplimiento y afectación de su patrimonio; y en el caso de
las autoridades fiscales, complicando la recaudación y sus procesos, además de
ser un obstáculo para disminuir la informalidad.
Ante esta situación,
PRODECON enfocará sus esfuerzos para difundir entre el mayor número de personas
sus derechos como contribuyentes, los límites que las autoridades fiscales
deben observar en todos sus actos y resoluciones, los mecanismos de defensa con
los que cuentan en caso de que sus derechos como contribuyentes sean
violentados y estableciendo mecanismos que permitan recuperar la confianza de
la ciudadanía en las autoridades fiscales. El logro de este objetivo permitirá
incrementar la colaboración y cooperación entre ciudadanía y gobierno dentro
del ámbito fiscal.
6.- Objetivos prioritarios
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Objetivos prioritarios del Programa
Institucional 2020-2024 de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
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1.-
Asegurar el ejercicio del derecho a la justicia en materia fiscal en el orden
federal.
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2.-
Abatir las causas que generan conflictos entre las autoridades fiscales y los
contribuyentes, derivadas de la estructura del sistema tributario.
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6.1.- Relevancia del Objetivo prioritario 1: Asegurar el ejercicio del derecho a la justicia en materia fiscal en el
orden federal.
Al
margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie;
este principio rector establecido en el PND 2019-2024 busca que las
instituciones gubernamentales, así como los funcionarios públicos actúen con
apego a la ley, observando los derechos humanos y bajo premisas de diálogo. En
complemento a este principio rector, el Eje General 1. Política y Gobierno
establece los principios de mandar obedeciendo, así como Libertad e igualdad.
Es importante destacar que estos preceptos establecidos en el documento rector
de la planeación nacional buscan contribuir al fortalecimiento de los
fundamentos del Estado de Derecho, teniendo como finalidad última, el bienestar
general de la población.
La
relevancia de establecer como objetivo prioritario el asegurar el ejercicio del
derecho a la justicia fiscal en el orden federal radica en que actualmente
dicho derecho no está debidamente garantizado y continúa siendo una demanda de
la población. Esta deficiencia o falta de acceso a la justicia afecta en
general a nuestro país y por ello también se manifiesta en el ámbito fiscal
federal. A este problema contribuyen entre otros factores: la falta de opciones
suficientes, disponibles y accesibles a la mayoría de la población, de asesoría
y defensa legal adecuada; que las autoridades fiscales en ocasiones exceden el
ámbito de sus atribuciones y facultades; que los procesos judiciales se demoran
innecesariamente y generan altos costos para los afectados; así como la falta
de mecanismos accesibles, imparciales y expeditos de solución de controversias.
De
acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2017 que clasifica a 133 países de
acuerdo con su grado de adhesión al Estado de Derecho, elaborado por World
Justice Project, México se ubicó en el lugar 92, retrocediendo 4 lugares
respecto de la medición anterior realizada en 2015. En este mismo sentido,
dicha organización elaboró el reporte “Índice de Estado de Derecho en México 2018”, dentro del cual evaluaron factores asociados a la justicia civil, como el conocimiento de sus
derechos, los costos de procesos legales, así como la eficiencia de los
mecanismos alternativos de solución de controversias, obteniendo un factor de
0.36, en una escala que oscila entre 0 y 1, donde 1 indica la máxima adhesión
al Estado de Derecho.
World Justice Project señala también que de los participantes en una encuesta
realizada en 2017, 49% presentó problemas legales en los últimos dos años. No
obstante, la forma en que enfrentaron sus problemas legales generalmente no
involucró mecanismos legales, ya que sólo 23% del total de mexicanos con un
problema buscó asesoría o representación legal y de éstos, el 11% lo hizo
solicitando la ayuda de una oficina gubernamental de asistencia legal. Estos datos nos dan un
esbozo de la magnitud del problema y del desafío que como nación enfrentamos
para fortalecer el acceso a la justicia fiscal, como mecanismo que coadyuve
para garantizar el respeto a los derechos humanos, la democracia efectiva y el
desarrollo sostenible.
En
este contexto, PRODECON busca dar solución a estas problemáticas que dificultan
el ejercicio pleno de los derechos de la población, fundamentalmente de aquella
que más lo necesita o que sufre mayor impacto cuando actos u omisiones de las
autoridades fiscales federales afectan su esfera jurídica.
En
el marco de las atribuciones que le confiere su Ley Orgánica y sus Lineamientos
sustantivos, PRODECON pone a disposición de la ciudadanía servicios gratuitos
de asesoría y consulta especializada, auxiliando a los contribuyentes en la
solución de las problemáticas planteadas y en su caso, proporcionando opciones
de solución por la vía jurisdiccional y no jurisdiccional, privilegiando esta
última por medio de los procesos de queja y adopción de acuerdos conclusivos,
por ser más expeditos y menos costosos para la población. No obstante, también
se patrocinan los medios de defensa para aquellos contribuyentes de menores
recursos.
Es
decir, que la PRODECON se constituye en asesor profesional de los
contribuyentes respecto de los actos de las autoridades fiscales federales que
les afectan. Los apoya y acompaña en la realización de trámites o gestiones
para el cumplimiento adecuado de sus obligaciones fiscales; y los representa
jurídicamente para interponer los medios de defensa que correspondan,
garantizando la efectividad de sus derechos.
Respecto
al servicio de Asesoría al Contribuyente, éste constituye el primer nivel de
atención para el que se cuenta con especialistas fiscales y jurídicos que
ofrecen alternativas de solución ante la diversidad de actos que realiza la
autoridad fiscal. Asimismo, se ha priorizado la accesibilidad para grupos que
tradicionalmente enfrentan discriminación, diversificando sus canales de
contacto aprovechando las tecnologías de información. Para ello, se cuenta con
el Chat “Prodecon en línea” mediante el cual, el interesado puede obtener
asesoría en tiempo real en la resolución de dudas o problemáticas fiscales, sin
necesidad de acudir personalmente a las oficinas de PRODECON. Adicionalmente se
cuenta con asesoría telefónica y por correo electrónico, lo que permite reducir
tiempos y costos para el contribuyente al obtener una respuesta ágil e
inmediata a las problemáticas planteadas.
En
cuanto a la solución de controversias mediante mecanismos no jurisdiccionales,
PRODECON da trámite a las quejas y reclamaciones de los contribuyentes cuando
los actos u omisiones de las autoridades fiscales federales resultan
violatorios de sus derechos, proporcionando agilidad de actuación e
interlocución con las autoridades y propiciando una rápida solución a diversas
problemáticas. Mediante la tramitación de quejas también se pueden emitir
recomendaciones para que la autoridad mejore sus prácticas administrativas,
eviten requerimientos excesivos y desistimientos innecesarios. Con ello, se
propicia un acercamiento entre fisco y contribuyentes para resolver sus
solicitudes de fondo y atendiendo su situación particular, previniendo
prácticas en contra de sus derechos.
Uno
de los temas que genera mayores quejas entre los contribuyentes es la actuación
de las Autoridades Fiscales durante los procedimientos de auditoría. En este
contexto, en PRODECON se inició un procedimiento que fue concebido como un
medio alternativo para resolver la controversia fiscal que las auditorías
involucran. A dicho mecanismo se le denomina Acuerdo Conclusivo y permite
solicitar la asistencia de PRODECON como intermediario entre el contribuyente
auditado y las Autoridades Fiscales para llegar a una solución rápida,
sustancial y definitiva al conflicto fiscal emergente, evitando posteriores
litigios. El procedimiento de Acuerdo Conclusivo incorporado al Código Fiscal
de la Federación en 2014, es un medio alternativo de solución de controversias
durante las auditorías fiscales. El punto medular de la mediación reside en la
calificación o evaluación que la autoridad tributaria haga de los hechos u
omisiones consignados durante una auditoría, en la interpretación de las leyes
y en la valoración de la evidencia aportada por el contribuyente. En caso de
llegar a un consenso entre las partes sobre los hechos revisados durante la
auditoría, el Acuerdo Conclusivo es suficiente para finalizar el procedimiento
de comprobación, resultando en un medio alternativo práctico y ejecutable.
Por
lo tanto, si durante los procedimientos de revisión, el contribuyente discrepa
de la postura de los auditores respecto del cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, puede acudir ante PRODECON para expresar las razones de disentimiento
y proponer los efectos fiscales que, en su opinión, corresponden verídicamente
a su situación fiscal y permitirle corregir, si así lo decide, total o
parcialmente su situación fiscal en relación con las observaciones realizadas
por la Autoridad Fiscal. Es frecuente que cuando las Autoridades Fiscales
llevan a cabo procedimientos de revisión, tienden a ser rígidas en la
apreciación de hechos u omisiones referentes a la situación fiscal del sujeto
auditado. Por lo que mediante la intervención proactiva de PRODECON, dichas
autoridades puedan modificar sus apreciaciones sobre los hechos u omisiones
calificados e incluso las formas en que están interpretando la legislación
fiscal. Este importante logro de flexibilizar las posturas de las Autoridades
Revisoras se debe en gran medida a la transparencia que proporciona el
procedimiento de acuerdo conclusivo. Por lo tanto, la presencia de PRODECON en
el conflicto tributario surgido en la auditoría, brinda la oportunidad
significativa para el intercambio de distintos puntos de vista en las mesas de
trabajo que se celebran entre contribuyentes auditados y Autoridades Fiscales,
dando solución definitiva de las controversias fiscales a través de la firma
del Acuerdo Conclusivo respectivo.
No obstante, cuando se
agotan los recursos no jurisdiccionales, la PRODECON proporciona servicios
gratuitos de representación legal, promoviendo los recursos administrativos
procedentes, o en su caso, los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa o el Poder Judicial de la Federación, hasta su total conclusión.
Esta opción surge como una necesidad de la sociedad, consistente en poner al
alcance de la población con mayor vulnerabilidad económica, la justicia
impartida por los órganos judiciales; por ello es importante señalar que este
servicio se proporciona a todo aquel contribuyente que se ubique dentro de los
supuestos de procedencia establecidos en la normatividad, como lo es que el
importe de su asunto no rebase 30 veces el valor de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA) elevado al año.
En resumen, PRODECON
asegura el ejercicio del derecho a la justicia fiscal proporcionando al
contribuyente servicios gratuitos, accesibles y con calidad de asesoría fiscal,
mecanismos alternativos de solución de controversias mediante la atención de
quejas, reclamaciones y acuerdos conclusivos, y ofreciendo asistencia legal,
para contribuir a resolver conflictos entre la ciudadanía y las autoridades
fiscales, contribuyendo con ello al fortalecimiento del Estado de Derecho en
nuestro país y materializando los compromisos que la presente administración
busca cumplir en este rubro.
6.2.- Relevancia del Objetivo prioritario 2: Abatir las causas que generan conflictos entre las autoridades fiscales
y los contribuyentes, derivadas de la estructura del sistema tributario.
La relación de la
población con las autoridades se fue deteriorando durante las pasadas
administraciones, debido fundamentalmente al alejamiento de la sociedad que
gobiernos anteriores provocaron por la corrupción, la impunidad y el exceso,
tanto en el uso de los recursos públicos, como en el de las facultades que la
ley les confería. Esto generó entre otras problemáticas, que la legitimidad de
los actos de autoridad y la confianza en las autoridades disminuyera. En estas
condiciones, el entorno social crea una convivencia que continuamente genera
conflictos, en el que los ciudadanos no ven incentivos para el cumplimiento de
la ley y las autoridades implementan acciones para castigar el incumplimiento
de las leyes que resultan poco efectivas y cancelan los mecanismos para el diálogo,
con lo que la cooperación y confianza se rompen. Y no se debe ignorar que el
contacto, la comunicación y la colaboración de la población con las autoridades
es fundamental para que los gobernantes conozcan las necesidades de los
ciudadanos y las atiendan, además que les provee de retroalimentación sobre la
efectividad de sus políticas.
De acuerdo con la
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, elaborada por el
INEGI, el nivel de confianza de la población en el gobierno federal fue del 25%,
para servidores públicos del 38.7% y para jueces y magistrados del 31%. Dicha
encuesta también refiere que, durante 2017, el 66.4% de las personas que
realizaron trámites fiscales se sintieron satisfechos con el tiempo destinado a
la realización de trámites fiscales, frente al 75% en 2015. Sirvan estos datos de
ejemplo para dimensionar el grado de desconfianza que debe ser atendido.
La cultura
contributiva se inserta y pretende complementar el discurso democrático, al
promover la conciencia de la ciudadanía y de las autoridades gubernamentales
respecto del marco jurídico tributario; basándose en la difusión,
reconocimiento y ejercicio responsable de los derechos, así como en la
observación y cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos de la
relación tributaria; ya que en dicho marco es en donde se identifican, definen
y delimitan esos derechos y esas obligaciones.
La cultura
contributiva no sólo tiene como objeto modificar la conducta o percepción de
los ciudadanos, sino también de las autoridades estatales y/o gubernamentales;
éstas últimas deben reconocer su deber de actuación ético y moral en el manejo
de los recursos públicos y en la toma de decisión informada y responsable, ya
sea como autoridad hacendaria o recaudatoria; o bien en su papel como un actor
coadyuvante de la “justicia fiscal”.
Al respecto, la
PRODECON realizará acciones de promoción y difusión de la cultura contributiva,
dentro de las que destacan actividades de investigación académica, organización
de foros especializados en materia tributaria, así como acciones de promoción y
difusión de los derechos fundamentales de los pagadores de impuestos.
Aspecto relevante de
este objetivo prioritario, consiste en la promoción de mecanismos que alienten
a éstos a cumplir voluntariamente con sus obligaciones tributarias, de las
atribuciones y límites de las autoridades fiscales federales, quienes deberán
actuar en estricto apego a la legalidad; asimismo, otro aspecto relevante es la
instrumentación de un programa específico para el fortalecimiento de la cultura
contributiva que contribuye directamente a que los contribuyentes accedan a la
justicia tributaria, en un contexto en el que la relación entre los
contribuyentes y la autoridad fiscal llega a enfrentar diferencias y
controversias, que no favorecen una sólida cultura contributiva en el país.
Por otra parte, la
simplificación fiscal es un tema permanentemente postergado. La simplificación
fiscal debe entenderse no sólo como un objetivo de carácter instrumental, sino
como una exigencia de la seguridad jurídica, puesto que ésta requiere normas
claras e inteligibles.
Por otro lado, una efectiva simplificación puede combatir mejor la evasión y la
elusión fiscal que los actos de fiscalización, ya que ésta permite que dichos
actos sean más efectivos para los contribuyentes renuentes a pagar lo justo.
Además, cuando el
sistema fiscal es complejo, el costo de cumplimiento y de control es elevado,
en cambio, un sistema de contribuciones simples facilita su cálculo y pago.
PRODECON ha observado la necesidad de simplificar los trámites administrativos
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pues genera altos costos
de cumplimiento en comparación con otros países. En un índice elaborado por el
Banco Mundial en 2019 sobre costos de cumplimiento de las obligaciones
fiscales, México obtiene 40 de 100 puntos posibles. Esto pone en evidencia que
el marco regulatorio del sistema fiscal federal no es eficiente. Al respecto,
PRODECON promoverá acciones para la simplificación de las disposiciones
fiscales en el ámbito federal, como la identificación de problemas tributarios
de carácter sistémico, así como proponer al SAT modificaciones a sus normativas
internas y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de
Diputados respecto de las disposiciones fiscales.
Entre las facultades
sustantivas otorgadas a la PRODECON se encuentran la de estudiar y analizar
problemas del sistema tributario; analizar la normatividad fiscal para proponer
modificaciones ante las autoridades correspondientes; llevar a cabo las
reuniones periódicas y extraordinarias con autoridades fiscales; e interpretar
normas fiscales y aduaneras a petición del SAT.
En el ejercicio de
estas atribuciones, funge como interlocutor entre autoridades fiscales y grupos
de contribuyentes para buscar soluciones conjuntas a las problemáticas que se
presentan, a través de la comunicación efectiva, procurando que los pagadores
de impuestos tengan acceso a la justicia en materia tributaria.
Con base en las
premisas anteriores, le relevancia de este objetivo se focaliza en los
siguientes aspectos:
● Resulta importante llevar a cabo investigaciones a
problemas sistémicos buscando la eliminación de prácticas o políticas
perjudiciales a los derechos del contribuyente, que no pueden ser restituidas
por los medios ordinarios de defensa y que, no obstante, afectan a un
considerable número de contribuyentes o a la totalidad de ellos. Los problemas
sistémicos son aquellos que derivan de la estructura misma del sistema
tributario y que se traducen en inseguridad jurídica, molestias, afectaciones o
vulneración de derechos en perjuicio de todos los contribuyentes, o un grupo o
categoría de los mismos.
● Por su complejidad, estos problemas requieren de estudios
con miras a cambios administrativos o modificaciones a normas legales o
administrativas, para brindar mayor protección a los derechos de los pagadores
de impuestos, asegurar su trato equitativo, así como simplificar y facilitar el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, por lo que la PRODECON puede
llegar a emitir un dictamen de Recomendación a las autoridades fiscales; y
también puede, derivado de las investigaciones, hacer propuestas de modificación
a las disposiciones fiscales ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de
la Cámara de Diputados y/o proponer al SAT modificaciones a su normatividad
interna.
● Del mismo modo, y en el ejercicio de su facultad, la
PRODECON convoca a reuniones periódicas y extraordinarias entre las autoridades
fiscales y los contribuyentes organizados, con el objetivo de detectar áreas de
conflicto o de riesgo y sus posibles soluciones.
● Derivado del quehacer institucional antes referido, la
PRODECON tiene la facultad de proponer al SAT modificaciones a su normatividad
interna, a fin de identificar las disposiciones emitidas por las
Administraciones Generales del SAT que rigen las actuaciones de sus Unidades
Administrativas y que no son publicadas ni difundidas entre los contribuyentes,
pero inciden en su esfera jurídica, con el fin de proponer la modificación de
aquéllas que vulneran sus derechos.
Diálogo, colaboración y
fomento de la cultura contributiva deben ser los fundamentos desde los que se
reconstruya la confianza y se abatan las causas que provocan conflictos entre
autoridades y contribuyentes.
Además, PRODECON no
será ajeno al esfuerzo de recuperar la confianza de la población y promover la
igualdad, para dar atención a los principios rectores del PND 2019-2024 de
Honradez y Honestidad, así como No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie
afuera. Con este objetivo, la institución realizará una gestión eficiente y
escrupulosa de los recursos públicos que le sean conferidos e implementará
medidas de inclusión y nivelación enfocadas a reducir las posibles brechas de
desigualdad que afecten a los contribuyentes por sus problemáticas específicas,
así como en el acceso a los servicios que ofrece la institución.
7.- Estrategias prioritarias y Acciones puntuales
Objetivo prioritario
1.- Asegurar el ejercicio del derecho a la justicia en materia fiscal en el
orden federal.
Estrategia
prioritaria 1.1 Proveer asesoría fiscal accesible y con calidad para contribuir
a resolver conflictos entre la ciudadanía y las autoridades fiscales, así como
fomentar el cumplimiento de las obligaciones contributivas.
|
Acción puntual
|
|
1.1.1
Atender y desahogar las solicitudes de los contribuyentes respecto de Actos
de Autoridad que los involucren.
|
|
1.1.2
Ofrecer alternativas de solución a las problemáticas planteadas por los
solicitantes de asesoría, explicándoles el alcance jurídico de aquéllos.
|
|
1.1.3
Prestar y resolver el servicio de consulta especializada que soliciten los
contribuyentes por actos de las autoridades fiscales federales.
|
|
1.1.4
Coordinar la canalización de contribuyentes a las autoridades competentes,
cuando su solicitud de servicio no sea competencia de la Procuraduría.
|
Estrategia prioritaria
1.2 Implementar mecanismos alternativos, accesibles, imparciales y expeditos
para solucionar las controversias entre las autoridades fiscales y los
contribuyentes.
|
Acción puntual
|
|
1.2.1
Prestar el servicio de quejas y reclamaciones en materia de impuestos
federales.
|
|
1.2.2
Transparentar, difundir y propiciar la corrección de las prácticas y actos de
las Autoridades Fiscales, cuando dichos actos resulten lesivos de los
derechos de los contribuyentes, emitiendo las recomendaciones y acciones
correctivas que procedan.
|
|
1.2.3
Facilitar la solución anticipada y consensuada de los diferendos y
desavenencias que, durante el ejercicio de las facultades de comprobación,
puedan surgir entre contribuyentes y autoridades fiscales.
|
|
1.2.4
Instrumentar los procedimientos para la adopción de Acuerdos conclusivos,
bajo los principios de flexibilidad, celeridad e inmediatez.
|
Estrategia
prioritaria 1.3 Ofrecer asistencia legal por actos u omisiones de las
autoridades fiscales que afecten la esfera jurídica de la ciudadanía con mayor
vulnerabilidad económica.
|
Acción puntual
|
|
1.3.1
Analizar la procedencia e idoneidad del medio de defensa respecto de la
problemática que presenten los contribuyentes.
|
|
1.3.2
Promover la interposición de recursos administrativos ante las autoridades
fiscales.
|
|
1.3.3
Presentar los medios de defensa que se patrocinen.
|
|
1.3.4
Responder cuando proceda, los recursos interpuestos por la autoridad.
|
Estrategia
prioritaria 1.4 Garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso a la
justicia fiscal en el orden federal.
|
Acción puntual
|
|
1.4.1
Obtener información estadística para identificar posibles brechas de
desigualdad que afecten a los contribuyentes pertenecientes a grupos
tradicionalmente discriminados, con énfasis en grupos etarios, personas con
discapacidad y personas hablantes de lenguas indígenas y extranjeras.
|
|
1.4.2
Realizar ajustes para facilitar la accesibilidad física, de información y
comunicaciones.
|
Objetivo prioritario
2.- Abatir las causas que generan conflictos entre las autoridades fiscales y
los contribuyentes, derivadas de la estructura del sistema tributario.
Estrategia
prioritaria 2.1 Contribuir al fortalecimiento del sistema tributario para
hacerlo más justo, progresivo y simple para los contribuyentes.
|
Acción puntual
|
|
2.1.1
Identificar los problemas de carácter sistémico que ocasionen perjuicios a
los contribuyentes, a efecto de proponer recomendaciones a las autoridades
fiscales federales.
|
|
2.1.2
Proponer al Servicio de Administración Tributaria modificaciones a sus normativas
internas para mejorar la defensa de los derechos y seguridad jurídica de los
contribuyentes.
|
|
2.1.3
Proponer a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de
Diputados modificaciones a las disposiciones fiscales.
|
Estrategia
prioritaria 2.2 Impulsar con las autoridades fiscales federales y coordinadas,
una actuación de respeto y equidad hacia los contribuyentes.
|
Acción puntual
|
|
2.2.1
Realizar reuniones periódicas y extraordinarias entre autoridades y
contribuyentes para establecer mecanismos de comunicación y fortalecimiento
de la confianza en las autoridades.
|
|
2.2.2
Establecer mesas de trabajo entre PRODECON y autoridades fiscales en la que
se analicen y resuelvan problemáticas recurrentes que afecten a los
contribuyentes.
|
|
2.2.3
Mantener el registro de grupos organizados de contribuyentes.
|
Estrategia
prioritaria 2.3 Promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de las
disposiciones fiscales, particularmente las relativas a garantías, elementos
del acto administrativo, facultades de las autoridades competentes,
procedimientos y medios de defensa al alcance del contribuyente.
|
Acción puntual
|
|
2.3.1
Realizar campañas de difusión respecto de los derechos y garantías de los
contribuyentes.
|
|
2.3.2
Proponer la celebración de convenios y acuerdos de colaboración con
autoridades, organismos públicos y organizaciones del sector privado,
nacionales e internacionales para implementar mecanismos de defensa de los
contribuyentes.
|
|
2.3.3
Organizar eventos con entidades públicas, privadas, nacionales e
internacionales para promover la cultura contributiva, los derechos y
obligaciones de los contribuyentes.
|
|
2.3.4
Diseñar y distribuir comunicaciones oficiales en formato braille o en lenguas
indígenas.
|
|
2.3.5
Uso de intérpretes de lenguas indígenas para atender a la población hablante
de éstas, cuando solicite servicios.
|
Estrategia
prioritaria 2.4 Fortalecer los procesos de gestión institucional para
garantizar la eficiencia en la administración de recursos de la Procuraduría.
|
Acción puntual
|
|
2.4.1
Revisar la operación de las facultades sustantivas en las Delegaciones,
constatando que cumplan con la normatividad aplicable.
|
|
2.4.2
Garantizar la operación del Órgano de Gobierno y los Comités Institucionales,
atendiendo sus acuerdos y recomendaciones.
|
|
2.4.3
Implementar los planes de corto, mediano y largo plazo de PRODECON y evaluar
su cumplimiento.
|
|
2.4.4
Ejecutar medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los
recursos, mediante la profesionalización del capital humano, la optimización
de recursos y el desarrollo y operación de TICs, garantizando la
transparencia, el acceso a la información y la protección de datos
personales.
|
|
2.4.5
Representar legalmente a PRODECON en las acciones que se deriven de los
procesos judiciales y procedimientos administrativos relativos a su operación
institucional.
|
|
2.4.6 Establecer,
implementar, monitorear y evaluar, las estrategias de comunicación social
para determinar su efectividad e impacto.
|
8.- Metas para el bienestar y Parámetros
Meta del bienestar del Objetivo prioritario 1
|
ELEMENTOS
DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
|
|
Nombre
|
1.1
Tasa de crecimiento de la contribución de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente al ejercicio del derecho a la justicia fiscal en el orden
federal.
|
|
Objetivo
prioritario
|
Asegurar
el ejercicio del derecho a la justicia en materia fiscal en el orden federal.
|
|
Definición
o descripción
|
Evaluar
el incremento en el uso de los mecanismos proporcionados por la Procuraduría
de la Defensa del Contribuyente para ejercer el derecho a la justicia fiscal
|
|
Nivel
de desagregación
|
Nacional
|
Periodicidad
o frecuencia de medición
|
Anual
|
|
Tipo
|
Estratégico
|
Acumulado
o periódico
|
Acumulado
|
|
Unidad
de medida
|
Porcentaje
|
Periodo
de recolección de datos
|
Enero-Diciembre
|
|
Dimensión
|
Eficacia
|
Disponibilidad
de la información
|
Febrero
|
|
Tendencia
esperada
|
Ascendente
|
Unidad
Responsable de reportar el avance
|
47.-
Entidades no Sectorizadas
AYI.-
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
|
|
Método
de cálculo
|
(TC01)
= [(b-a)/a] * 100 Donde: TC01=Tasa de crecimiento de la contribución de la
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente al ejercicio del derecho a la
justicia fiscal en el orden federal. b=número de mecanismos de acceso a la
justicia fiscal proporcionados por PRODECON durante el año que se evalúa. a=número
de mecanismos de acceso a la justicia fiscal proporcionados por PRODECON
durante el año base.
|
|
Observaciones
|
Mecanismos
de acceso a la justicia fiscal proporcionados por PRODECON: I. Asesoría; II.
Quejas; III. Acuerdo conclusivo; y IV. Defensa legal.
|
|
APLICACIÓN
DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA
BASE
|
|
Nombre
variable 1
|
1.-
Número de mecanismos de acceso a la justicia fiscal proporcionados por
PRODECON durante el año que se evalúa.
|
Valor
variable 1
|
263537
|
Fuente
de información variable 1
|
Sistema
de Control y Seguimiento de Servicios. PRODECON
|
|
Nombre
variable 2
|
2.-
Número de mecanismos de acceso a la justicia fiscal proporcionados por
PRODECON durante el año base.
|
Valor
variable 2
|
263537
|
Fuente
de información variable 2
|
Sistema
de Control y Seguimiento de Servicios. PRODECON
|
|
Sustitución
en método de cálculo del indicador
|
TC01
= [(263,537-263,537) /263,537] * 100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VALOR
DE LÍNEA BASE Y METAS
|
|
Línea
base
|
Nota
sobre la línea base
|
|
Valor
|
0
|
Ninguna.
|
|
Año
|
2018
|
|
|
META
2024
|
Nota
sobre la meta 2024
|
|
20
|
Se
plantea un crecimiento acumulado de 20% en la demanda de los mecanismos
proporcionados por PRODECON con base en un escenario óptimo.
|
|
SERIE
HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
N/D
|
N/D
|
N/D
|
N/D
|
N/D
|
N/D
|
0
|
|
METAS
INTERMEDIAS
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
|
10
|
12.5
|
15
|
17.5
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parámetro del Objetivo prioritario 1
|
ELEMENTOS DE
META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
|
|
Nombre
|
1.2 Porcentaje de
eficacia de quejas y reclamaciones presentadas por los contribuyentes por
presuntas violaciones a sus derechos.
|
|
Objetivo
prioritario
|
Asegurar el
ejercicio del derecho a la justicia en materia fiscal en el orden federal.
|
|
Definición o
descripción
|
Mide el número de
asuntos favorables al contribuyente obtenidos mediante el procedimiento de
queja, con relación al número de quejas concluidas.
|
|
Nivel de
desagregación
|
Nacional
|
Periodicidad o
frecuencia de medición
|
Anual
|
|
Tipo
|
Gestión
|
Acumulado o
periódico
|
Periódico
|
|
Unidad de medida
|
Porcentaje
|
Periodo de
recolección de datos
|
Enero-Diciembre
|
|
Dimensión
|
Eficacia
|
Disponibilidad
de la información
|
Febrero
|
|
Tendencia
esperada
|
Ascendente
|
Unidad
Responsable de reportar el avance
|
47.- Entidades no
Sectorizadas
AYI.- Procuraduría
de la Defensa del Contribuyente
|
|
Método de
cálculo
|
Porcentaje de
eficacia de quejas (PEQ) = ((Quejas favorables en el año que se evalúa /
quejas concluidas en el año que se evalúa) *100)
|
|
Observaciones
|
Se consideran las
quejas favorables y concluidas en un año, aun siendo ingresadas en años
previos. Lo anterior debido a los tiempos procesales del servicio de quejas.
|
|
APLICACIÓN DEL
MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
|
|
Nombre variable
1
|
1.- Quejas
favorables
|
Valor variable 1
|
34254
|
Fuente de
información variable 1
|
Sistema de Control
y Seguimiento de Servicios. PRODECON
|
|
Nombre variable
2
|
2.- Quejas
concluidas
|
Valor variable 2
|
41967
|
Fuente de
información variable 2
|
Sistema de Control
y Seguimiento de Servicios. PRODECON
|
|
Sustitución en
método de cálculo del indicador
|
PEQ=((34,254/41967)*100)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VALOR DE LÍNEA
BASE Y METAS
|
|
Línea base
|
Nota sobre la
línea base
|
|
Valor
|
81.6
|
Ninguna.
|
|
Año
|
2018
|
|
|
META 2024
|
Nota sobre la
meta 2024
|
|
82
|
Se espera que la
eficacia se mantenga en un porcentaje no menor a 80%
|
|
SERIE HISTÓRICA
DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
N/D
|
N/D
|
N/D
|
N/D
|
N/D
|
N/D
|
81.6
|
|
METAS
INTERMEDIAS
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
|
80.9
|
81
|
81.7
|
82
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parámetro del Objetivo prioritario 1
|
ELEMENTOS DE
META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
|
|
Nombre
|
1.3 Porcentaje de
eficacia en la suscripción de acuerdos conclusivos.
|
|
Objetivo
prioritario
|
Asegurar el
ejercicio del derecho a la justicia en materia fiscal en el orden federal.
|
|
Definición o
descripción
|
Mide el número de
acuerdos conclusivos suscritos, con relación al número de acuerdos
conclusivos concluidos.
|
|
Nivel de
desagregación
|
Nacional
|
Periodicidad o
frecuencia de medición
|
Anual
|
|
Tipo
|
Gestión
|
Acumulado o
periódico
|
Periódico
|
|
Unidad de medida
|
Porcentaje
|
Periodo de
recolección de datos
|
Enero-Diciembre
|
|
Dimensión
|
Eficacia
|
Disponibilidad
de la información
|
Febrero
|
|
Tendencia
esperada
|
Constante
|
Unidad
Responsable de reportar el avance
|
47.- Entidades no
Sectorizadas
AYI.- Procuraduría
de la Defensa del Contribuyente
|
|
Método de
cálculo
|
Porcentaje de
eficacia en la suscripción de acuerdos conclusivos (PEAC)= (Número de
acuerdos conclusivos suscritos en el año que se evalúa/ Número de acuerdos
conclusivos concluidos en el año que se evalúa) *100
|
|
Observaciones
|
Porcentaje de
acuerdos conclusivos en los que se obtuvo solución anticipada y consensuada
de los diferendos y desavenencias que, durante el ejercicio de las facultades
de comprobación, surgieron entre contribuyentes y autoridades fiscales,
siempre que la autoridad revisora haya consignado alguna calificación sobre
hechos u omisiones, que pueda entrañar incumplimiento de las disposiciones
fiscales.
|
|
APLICACIÓN DEL
MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
|
|
Nombre variable
1
|
1.- Número de
acuerdos conclusivos suscritos en el año que se evalúa
|
Valor variable 1
|
1604
|
Fuente de
información variable 1
|
Sistema de Control
y Seguimiento de Servicios. PRODECON
|
|
Nombre variable
2
|
2.- Número de
acuerdos conclusivos concluidos en el año que se evalúa
|
Valor variable 2
|
2712
|
Fuente de
información variable 2
|
Sistema de Control
y Seguimiento de Servicios. PRODECON
|
|
Sustitución en
método de cálculo del indicador
|
PEAC= (1,604/2,712)
*100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VALOR DE LÍNEA
BASE Y METAS
|
|
Línea base
|
Nota sobre la
línea base
|
|
Valor
|
59.1
|
Ninguna.
|
|
Año
|
2018
|
|
|
META 2024
|
Nota sobre la
meta 2024
|
|
62
|
Se espera mantener
una eficacia no menor del 60%
|
|
SERIE HISTÓRICA
DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
N/D
|
N/D
|
N/D
|
N/D
|
N/D
|
N/D
|
59.1
|
|
METAS
INTERMEDIAS.
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
|
60.4
|
60.6
|
60.9
|
61.4
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Meta del bienestar del Objetivo prioritario 2
|
ELEMENTOS
DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
|
|
Nombre
|
2.1
Tasa de crecimiento de las acciones para observar la interacción de las
autoridades fiscales y los contribuyentes para proponer reformas fiscales,
prevenir y corregir prácticas irregulares.
|
|
Objetivo
prioritario
|
Abatir
las causas que generan conflictos entre las autoridades fiscales y los
contribuyentes, derivadas de la estructura del sistema tributario.
|
|
Definición
o descripción
|
Evaluar
el avance de los mecanismos implementados por PRODECON para propiciar la
interacción entre las autoridades fiscales y los contribuyentes que deriven
en la elaboración de propuestas de modificación a las disposiciones fiscales,
así como prevenir y corregir prácticas irregulares
|
|
Nivel
de desagregación
|
Nacional
|
Periodicidad
o frecuencia de medición
|
Anual
|
|
Tipo
|
Estratégico
|
Acumulado
o periódico
|
Acumulado
|
|
Unidad
de medida
|
Porcentaje
|
Periodo
de recolección de datos
|
Enero-Diciembre
|
|
Dimensión
|
Eficacia
|
Disponibilidad
de la información
|
Febrero
|
|
Tendencia
esperada
|
Ascendente
|
Unidad
Responsable de reportar el avance
|
47.-
Entidades no Sectorizadas
AYI.-
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
|
|
Método
de cálculo
|
(TC02)
= [(b-a)/a] * 100 Donde: TC02 = Tasa de crecimiento de acciones realizadas
para observar la interacción de las autoridades fiscales y los contribuyentes
para proponer reformas fiscales, prevenir y corregir prácticas irregulares. b=
Número de acciones realizadas para observar la interacción de las autoridades
fiscales y los contribuyentes para proponer reformas fiscales, prevenir y
corregir prácticas irregulares, durante al año que se evalúa. a=Número de
acciones realizadas para observar la interacción de las autoridades fiscales y
los contribuyentes para proponer reformas fiscales, prevenir y corregir
prácticas irregulares, correspondientes al año base.
|
|
Observaciones
|
Ninguna
|
|
APLICACIÓN
DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA
BASE
|
|
Nombre
variable 1
|
1.-
Número de acciones realizadas para observar la interacción de las autoridades
fiscales y los contribuyentes para proponer reformas fiscales, prevenir y
corregir prácticas irregulares, durante al año que se evalúa.
|
Valor
variable 1
|
381
|
Fuente
de información variable 1
|
Sistema
de Control y Seguimiento de Servicios. PRODECON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre
variable 2
|
2.-
Número de acciones realizadas para observar la
interacción de las autoridades fiscales y los contribuyentes para proponer
reformas fiscales, prevenir y corregir prácticas irregulares,
correspondientes al año base
|
Valor
variable 2
|
381
|
Fuente
de información variable 2
|
Sistema
de Control y Seguimiento de Servicios. PRODECON
|
|
Sustitución
en método de cálculo del indicador
|
TC02=
[(381-381)/381]*100
|
|
VALOR
DE LÍNEA BASE Y METAS
|
|
Línea
base
|
Nota
sobre la línea base
|
|
Valor
|
0
|
Ninguna
|
|
Año
|
2018
|
|
|
META
2024
|
Nota
sobre la meta 2024
|
|
5
|
Ninguna
|
|
SERIE
HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
N/D
|
N/D
|
N/D
|
N/D
|
N/D
|
N/D
|
0
|
|
METAS
INTERMEDIAS
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parámetro del Objetivo prioritario 2
|
ELEMENTOS
DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
|
|
Nombre
|
2.2
Tasa de crecimiento de las acciones realizadas para fomentar y difundir la
cultura contributiva respecto de los derechos y garantías de los
contribuyentes.
|
|
Objetivo
prioritario
|
Abatir
las causas que generan conflictos entre las autoridades fiscales y los
contribuyentes, derivadas de la estructura del sistema tributario.
|
|
Definición
o descripción
|
Evaluar
el avance en la promoción de la cultura contributiva, respecto de los
derechos y garantías de los contribuyentes
|
|
Nivel
de desagregación
|
Nacional
|
Periodicidad
o frecuencia de medición
|
Anual
|
|
Tipo
|
Gestión
|
Acumulado
o periódico
|
Acumulado
|
|
Unidad
de medida
|
Porcentaje
|
Periodo
de recolección de datos
|
Enero-Diciembre
|
|
Dimensión
|
Eficacia
|
Disponibilidad
de la información
|
Febrero
|
|
Tendencia
esperada
|
Ascendente
|
Unidad
Responsable de reportar el avance
|
47.-
Entidades no Sectorizadas
AYI.-
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
|
|
Método
de cálculo
|
TC03=
[(a-b)/b]*100 TC03= Tasa de crecimiento de las acciones realizadas para
fomentar y difundir la cultura contributiva respecto de los derechos y
garantías de los contribuyentes. a=Número de acciones realizadas para
fomentar y difundir la cultura contributiva respecto de los derechos y
garantías de los contribuyentes, correspondientes al año que se evalúa. b=Número
de acciones realizadas para fomentar y difundir la cultura contributiva
respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes, correspondientes
al año base.
|
|
Observaciones
|
Ninguna
|
|
APLICACIÓN
DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA
BASE
|
|
Nombre
variable 1
|
1.-
Número de acciones realizadas para fomentar y difundir la cultura contributiva
respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes, correspondientes
al año que se evalúa.
|
Valor
variable 1
|
344
|
Fuente
de información variable 1
|
Sistema
de Control y Seguimiento de Servicios. PRODECON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre
variable 2
|
2.-
Número de acciones realizadas para fomentar y difundir la cultura
contributiva respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes,
correspondientes al año base
|
Valor
variable 2
|
344
|
Fuente
de información variable 2
|
Sistema
de Control y Seguimiento de Servicios. PRODECON
|
|
Sustitución
en método de cálculo del indicador
|
TC03=
[(344-344)/344]*100
|
|
VALOR
DE LÍNEA BASE Y METAS
|
|
Línea
base
|
Nota
sobre la línea base
|
|
Valor
|
0
|
Ninguna
|
|
Año
|
2018
|
|
|
META
2024
|
Nota
sobre la meta 2024
|
|
50
|
Ninguna
|
|
SERIE
HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
N/D
|
N/D
|
N/D
|
N/D
|
N/D
|
N/D
|
0
|
|
METAS
INTERMEDIAS.
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
|
10
|
20
|
30
|
40
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parámetro del Objetivo prioritario 2
|
ELEMENTOS
DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
|
|
Nombre
|
2.3
Número de propuestas de solución referentes a problemas sistémicos y de
modificación a las disposiciones normativas en materia fiscal realizadas.
|
|
Objetivo
prioritario
|
Abatir
las causas que generan conflictos entre las autoridades fiscales y los
contribuyentes, derivadas de la estructura del sistema tributario.
|
|
Definición
o descripción
|
Mide
el cumplimiento de las metas establecidas para la identificación de problemas
sistémicos y propuestas de modificación a las disposiciones normativas en
materia fiscal realizadas.
|
|
Nivel
de desagregación
|
Nacional
|
Periodicidad
o frecuencia de medición
|
Anual
|
|
Tipo
|
Gestión
|
Acumulado
o periódico
|
Periódico
|
|
Unidad
de medida
|
Valores
absolutos
|
Periodo
de recolección de datos
|
Enero-Diciembre
|
|
Dimensión
|
Eficacia
|
Disponibilidad
de la información
|
Febrero
|
|
Tendencia
esperada
|
Ascendente
|
Unidad
Responsable de reportar el avance
|
47.-
Entidades no Sectorizadas
AYI.-
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
|
|
Método
de cálculo
|
Número
de Propuestas de solución referentes a problemas sistémicos y de modificación
a las disposiciones normativas en materia fiscal realizadas.
|
|
Observaciones
|
Ninguna
|
|
APLICACIÓN
DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA
BASE
|
|
Nombre
variable 1
|
1.-
Número de Propuestas de solución referentes a problemas sistémicos y de
modificación a las disposiciones normativas en materia fiscal realizadas
|
Valor
variable 1
|
151
|
Fuente
de información variable 1
|
Sistema
de Control y Seguimiento de Servicios. PRODECON
|
|
Sustitución
en método de cálculo del indicador
|
151
|
|
VALOR
DE LÍNEA BASE Y METAS
|
|
Línea
base
|
Nota
sobre la línea base
|
|
Valor
|
151
|
Ninguna
|
|
Año
|
2018
|
|
|
META
2024
|
Nota
sobre la meta 2024
|
|
166
|
Ninguna
|
|
SERIE
HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
151
|
|
METAS
INTERMEDIAS
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
|
156
|
159
|
160
|
162
|
166
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.- Epílogo: Visión hacia el futuro
Con
objeto de acatar el mandato del pueblo de construir un México justo, pacífico,
libre, solidario, democrático, y próspero, el actual gobierno se enfrenta a la
enorme responsabilidad de construir un modelo viable de desarrollo económico,
ordenamiento político y convivencia entre los sectores sociales, en el que el
Programa Institucional de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 2020-2024
deberá contribuir a esta aspiración.
De
tal forma que con el logro de los objetivos prioritarios que este programa
propone, hacia 2024 se contribuirá a consolidar los principios democráticos del
Estado de Derecho con base en una renovada cultura contributiva que permita a
la sociedad vivir en condiciones de igualdad, paz y armonía para la
construcción de un país más justo y equitativo, posicionándonos como una
institución de excelencia con autonomía técnica, funcional y de gestión que
colabore en el mejoramiento de la relación del fisco con el contribuyente, en
la que se privilegie el respeto a sus derechos como el mejor medio para lograr
la satisfacción del interés público.
Ciudad
de México, a 6 de mayo de 2020.- Titular en Funciones, en carácter de
Subprocurador de Asesoría y Defensa del Contribuyente, en suplencia por
ausencia del Titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en
términos del artículo 14, fracción I, en relación con el artículo 5, Apartado
B, fracción III, del Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente. Luis Alberto Placencia Alarcón.-Rúbrica.
