Resolución por la que se modifican las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. |
Miércoles 5 de octubre de 2011 |
Al margen
un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de
Valores.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores con
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 76, 97, 99 y 102 de la Ley de
Instituciones de Crédito; así como 4, fracciones II, III, IV, V y XXXVI, 6, 16,
fracciones I, VII y XVI, y 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, así como por las reglas DECIMA a DECIMAQUINTA de las “Reglas para la
Calificación de la Cartera Crediticia de las Instituciones de Banca Múltiple, a
que se refiere el Artículo 76 de la Ley de Instituciones de Crédito” y DECIMA a
DECIMAQUINTA de las “Reglas para la Calificación de la Cartera Crediticia de
las Sociedades Nacionales de Crédito, Instituciones de Banca de Desarrollo, a
que se refiere el Artículo 76 de la Ley de Instituciones de Crédito” ambas
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 1991 y el 24
de octubre de 2000, respectivamente, actualmente vigentes en términos de lo
dispuesto por el Artículo Sexto Transitorio del “Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones
de Crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley
Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos” publicado el 1 de
febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, y previa opinión
favorable del Banco de México, en términos de lo dispuesto por el Artículo 76
de la propia Ley de Instituciones de Crédito, y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con las recomendaciones emitidas por
el Comité de Basilea en materia de estimación de reservas crediticias, en el
sentido de permitir la identificación temprana de pérdidas al incorporar mayor
información crediticia, así como para que dicha estimación de reservas esté
basada en metodologías que reflejen la pérdida esperada, resulta necesario
iniciar las modificaciones tendientes a incorporar estos principios en el marco
de la normativa aplicable a las instituciones de crédito;
Que atento a lo anterior, como una primera adecuación a
los principios descritos se estima conveniente modificar el modelo vigente de
pérdida incurrida, tratándose de cartera crediticia comercial otorgada a
entidades federativas y sus municipios, a fin de establecer una metodología
conforme a la cual se califique y provisione la cartera señalada, con base en
un modelo de pérdida esperada en el cual se estimen las pérdidas de los
siguientes 12 meses con la información crediticia que mejor las anticipe;
Que en ese mismo orden de ideas, se estima necesario que
la nueva metodología basada en el modelo de pérdida esperada debe tomar en
cuenta la probabilidad de incumplimiento, severidad de la pérdida y exposición
al incumplimiento, así como que debe clasificar a la citada cartera comercial
en distintos grupos y prever variables distintas para la estimación de la
probabilidad de incumplimiento de la cartera comercial de las instituciones de
crédito, correspondiente a créditos otorgados a entidades federativas y sus
municipios, y
Que como parte de la continua actualización de criterios
de contabilidad aplicables a las instituciones de crédito y en atención a los
comentarios formulados por dicho sector, se estima necesario modificar el
criterio contable relativo a cartera de crédito, el cual define las normas particulares relativas al
reconocimiento, valuación, presentación y revelación en los estados financieros
de la cartera de crédito de dichas instituciones, así como los lineamientos contables relativos a la estimación preventiva para
riesgos crediticios, permitiendo con ello contar con información financiera
transparente y comparable, ha resuelto expedir la siguiente:
RESOLUCION POR LA QUE SE MODIFICAN LAS
DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO
UNICA.- Se ADICIONAN un segundo
párrafo al Artículo 116; un quinto párrafo al Artículo 130 y un Anexo 18-A; se REFORMAN los incisos a) y c) de la
fracción II del Artículo 112; el segundo párrafo del Artículo 114; el primer
párrafo del Artículo 131; así como el tercer párrafo del artículo 135, y se SUSTITUYEN el Anexo 18 y el criterio
contable “B-6 Cartera de Crédito” el cual se adjunta a la presente Resolución
para formar parte integrante de los “Criterios de contabilidad para las
instituciones de crédito” contenidos en el Anexo 33 y referidos en el Artículo
174; efectuándose los ajustes pertinentes al Listado de Anexos del Indice, de las “Disposiciones de carácter general
aplicables a las instituciones de crédito”, publicadas en el Diario Oficial de
la Federación el 2 de diciembre de 2005, modificadas mediante Resoluciones
publicadas en el citado Diario Oficial el 3 y 28 de marzo, 15 de septiembre, 6
y 8 de diciembre de 2006, 12 de enero, 23 de marzo, 26 de abril, 5 de noviembre
de 2007, 10 de marzo, 22 de agosto, 19 de septiembre, 14 de octubre, 4 de
diciembre de 2008, 27 de abril, 28 de mayo, 11 de junio, 12 de agosto, 16 de
octubre, 9 de noviembre, 1 y 24 de diciembre de 2009, 27 de enero, 10 de
febrero, 9 y 15 de abril, 17 de mayo, 28 de junio, 29 de julio, 19 de agosto, 9
y 28 de septiembre, 25 de octubre, 26 de noviembre y 20 de diciembre de 2010,
24 y 27 de enero, 4 de marzo, 21 de abril, 5 de julio, 3 y 12 de agosto de
2011, así como por la resolución expedida por esta Comisión el día 26 de
septiembre de este mismo año, aún en trámite de publicación en el referido
medio, para quedar como sigue:
“Listado
de Anexos
Anexos 1 a 17 …
Anexo 18 Método de
calificación y provisionamiento aplicable a los
créditos a cargo de Entidades Federativas y Municipios.
Anexo 18-A Método de calificación y provisionamiento aplicable
a los créditos a cargo de Organismos Descentralizados de las Entidades
Federativas y Municipios.”
Anexos 19 a 66 …”
“Artículo
112.- …
I. ...
II …:
a) Los
créditos otorgados a entidades federativas y municipios, utilizando la
metodología contenida en el Anexo 18 de estas disposiciones, así como los
créditos otorgados a los organismos descentralizados de dichas entidades
federativas y municipios, utilizando la metodología contenida en el Anexo 18-A
de estas disposiciones, cuando tales créditos sean objeto de calificación de
conformidad con las disposiciones aplicables.
b) ...
c) Los
financiamientos otorgados a fiduciarios que actúen al amparo de fideicomisos y
los esquemas de crédito comúnmente conocidos como “estructurados” en los que
exista una afectación patrimonial que permita evaluar individualmente el riesgo
asociado al esquema, utilizando la metodología contenida en los Anexos 18, 18-A
y 19 de estas disposiciones, según sea el caso, siempre que puedan separarse
claramente los recursos de tal fideicomiso del fideicomitente o
fideicomitentes, o bien, del riesgo del crédito o de la fuente de recursos del
esquema estructurado de que se trate. En caso contrario, los créditos deberán
calificarse utilizando la metodología general, tomando como acreditado al
fideicomitente o fideicomitentes o, en su caso, a la fuente de recursos del
esquema estructurado de que se trate y considerando como garantía el patrimonio
afectado al referido esquema.
...
...”
“Artículo
114.- …
I. a IV. ...
Tratándose de los créditos a que se refiere el
Artículo 112, fracciones I y II, incisos a), b) y c) de estas disposiciones, se
estará a lo establecido en los Anexos 17, 18, 18-A y 19, ahí citados,
respectivamente.
...
...
...
…”
“Artículo 116.- …
Lo dispuesto en el presente subapartado no
resultará aplicable a los créditos otorgados a entidades federativas y
municipios que sean objeto de calificación, los cuales deberán ajustarse a lo
establecido por el Anexo 18 de las presentes disposiciones.”
“Artículo
130.- …
…
…
[Tabla …]
…
Lo dispuesto en el presente artículo no resultará aplicable a los créditos otorgados a entidades federativas y
municipios que sean objeto de calificación, los cuales
deberán ajustarse a lo establecido por el Anexo 18 de las presentes
disposiciones.”
Artículo 131.- Las reservas preventivas para la Cartera
Crediticia Comercial que deban constituirse conforme a las metodologías que se
contienen en los Anexos 17, 18, 18-A y 19 de estas disposiciones, así como el
relativo a la estimación de una pérdida esperada que se contiene en el Artículo
129 anterior, deberán ser clasificadas conforme a los grados de riesgo A-1,
A-2, B-1, B-2, B-3, C-1, C-2, D y E de acuerdo a lo que se contiene en la tabla
siguiente:
[Tabla
…]
…”
“Artículo 135.- ...
...
El
monto resultante de reservas a constituir como resultado de la aplicación de
las metodologías que se contienen en los Anexos 17, 18, 18-A y 19, así como la
estimación de la pérdida esperada referida en el Artículo 129 de las presentes
disposiciones, se considerarán como generales, cuando el porcentaje de
provisiones para cada crédito sea igual o menor al 0.99%. El resto de las
reservas se clasificarán como específicas.
...”
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Resolución entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación, salvo por lo referido en los
Artículos SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y SEXTO Transitorios siguientes.
SEGUNDO.- Las Instituciones, a fin de
calificar su cartera crediticia y constituir el monto de reservas que
corresponda para los créditos otorgados a entidades federativas y municipios podrán optar por alguna de las alternativas siguientes:
I. Iniciar la aplicación de la metodología
referida en el Anexo 18 que se contiene en la presente Resolución, incluso
respecto del tercer trimestre de 2011, a partir de la entrada en vigor de este
instrumento. Las instituciones de
crédito que opten por esta alternativa deberán utilizar cifras al 30 de
septiembre de 2011, para el referido tercer trimestre.
II. Iniciar la aplicación de la metodología
referida en la fracción I anterior a partir del 31 de diciembre de 2011. En este caso, durante el periodo comprendido
entre la entrada en vigor de la presente Resolución y el 30 de diciembre de
2011, las instituciones de crédito continuarán utilizando la metodología
contenida en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor
de esta Resolución.
TERCERO.- Hasta en tanto los municipios no
estén obligados a sujetarse a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, en materia de información periódica y
elaboración de sus cuentas públicas, las instituciones de crédito no estarán
obligadas a utilizar como factor de riesgo, los puntos asignados para el rango
de “Sin información” señalados en el numeral I-C “Factor de Riesgo Financiero”
de la Sección Cuarta del Anexo 18 que se contiene en la presente Resolución.
CUARTO.- La Comisión Nacional Bancaria y de
Valores dará a conocer a las instituciones de crédito la información que
deberán utilizar durante los primeros seis meses posteriores a la entrada en
vigor de la presente Resolución, para efectos de lo previsto en la Sección
Cuarta del Anexo 18 que se contiene en el presente instrumento.
QUINTO.- Las Instituciones, a fin de
constituir el monto total de reservas que derivan de la utilización de la
metodología general referida en el Anexo 18 que se contiene en la presente
Resolución, reconocerán en el capital contable, el efecto financiero acumulado
inicial derivado de la aplicación de las metodologías de calificación para la
cartera crediticia comercial, referida en los apartados previamente citados,
conforme a lo siguiente:
I. Cuando se opte por la aplicación con
cifras al 30 de septiembre de 2011, registrarán en el balance general dentro
del resultado de ejercicios anteriores, el efecto financiero acumulado inicial
derivado de la aplicación de las metodologías de calificación para la cartera
crediticia comercial, referida en los apartados previamente citados. En todo
caso, las instituciones de crédito deberán revelar en los correspondientes estados
financieros al tercer y cuarto trimestre y anual del ejercicio 2011, así como
en cualquier comunicado público de información financiera, como mínimo lo
siguiente:
a) Que realizaron el reconocimiento del efecto
financiero acumulado inicial derivado de la primera aplicación de la
metodología general referida en el Anexo 18 que se contiene en la presente
Resolución, de conformidad con la presente fracción;
b) Una
explicación detallada del registro contable efectuado para el reconocimiento
del citado efecto;
c) Los importes que se hubieran registrado y
presentado tanto en el balance general como en el estado de resultados de haber
efectuado el reconocimiento del efecto antes mencionado en los resultados del
ejercicio;
d) Una explicación detallada sobre los rubros y
montos por los cuales se realizó la afectación contable, y
e) Un comparativo entre los importes de las
reservas preventivas para riesgos crediticios, calculados con la metodología
referida en el Anexo 18 que se contiene en la presente Resolución, contra las
reservas de la metodología vigente con anterioridad a la entrada en vigor de
dicha Resolución.
II. Cuando se opte por la aplicación con
cifras al 31 de diciembre de 2011, registrarán en el balance general dentro del
resultado de ejercicios anteriores, el efecto financiero acumulado inicial
derivado de la aplicación de las metodologías de calificación para la cartera
crediticia comercial, referida en los apartados previamente citados. En todo
caso, las instituciones de crédito deberán revelar en los correspondientes
estados financieros al cuarto trimestre y anual del ejercicio 2011, así como en
cualquier comunicado público de información financiera, como mínimo lo
siguiente:
a) Que realizaron el reconocimiento del efecto
financiero acumulado inicial derivado de la primera aplicación de la
metodología general referida en el Anexo 18 que se contiene en la presente
Resolución, de conformidad con la presente fracción;
b) Una explicación detallada del registro
contable efectuado para el reconocimiento del citado efecto;
c) Los importes que se hubieran registrado y
presentado tanto en el balance general como en el estado de resultados de haber
efectuado el reconocimiento del efecto antes mencionado en los resultados del
ejercicio, y
d) Una explicación detallada sobre los rubros y
montos por los cuales se realizó la afectación contable.
Para efectos de la
elaboración de estados financieros comparativos, las instituciones de crédito
deberán observar lo establecido en el párrafo 11 de la NIF B-1 “Cambios contables
y correcciones de errores” emitida por el Consejo Mexicano de Normas de
Información Financiera A.C., de aplicación obligatoria para las instituciones
de crédito conforme al párrafo 3 del Criterio A-2 “Aplicaciones de normas
particulares” contenido en el Anexo 33 de las Disposiciones, con motivo del
cambio de norma particular a la utilización de un modelo de calificación de
cartera crediticia basado en pérdida esperada.
Las instituciones de
crédito liberarán, en su caso, el excedente de reservas que mantengan, cuando
las reservas que tuvieran constituidas sean mayores al 100 por ciento del monto
de reservas a constituir conforme a lo establecido en la metodología referida
en el Anexo 18 que se contiene en la presente Resolución. Dicha liberación de
reservas deberá hacerse de conformidad con lo establecido en los criterios de
contabilidad.
SEXTO.- Las instituciones de crédito deberán
utilizar el criterio contable B-6 “Cartera de crédito” vigente con anterioridad
a la entrada en vigor de la presente Resolución hasta el 29 de febrero de 2012.
SEPTIMO.- Se amplía el plazo referido en el
segundo párrafo del Artículo Primero Transitorio de la “Resolución que modifica
las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de
crédito” publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de enero de
2011, adicionado mediante Resolución publicada en ese mismo Diario el 3 de
agosto de este mismo año, al 29 de febrero de 2012.
OCTAVO.- Las instituciones de crédito podrán
utilizar a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución, el criterio B-6 “Cartera de crédito” contenido en el presente
instrumento, tratándose exclusivamente de créditos comerciales otorgados a
estados y municipios o con su garantía.
Para efectos de lo
anterior, las instituciones de crédito deberán revelar en notas a los estados
financieros los principales cambios en la normatividad contable para los
créditos comerciales otorgados a estados y municipios o con su garantía, que
afectaron o pudieron afectar significativamente sus estados financieros, así
como, en su caso el estado que guarda la institución de crédito respecto de la
implementación del criterio de contabilidad que se adjunta a la presente
resolución. La citada revelación deberá comprender, al menos, la información
siguiente:
I. El hecho de que la institución optó por
aplicar anticipadamente el criterio B-6, así como una explicación del porqué se
tomó dicha opción.
II. La naturaleza del cambio contable y que
este se ha efectuado de acuerdo con la presente disposición transitoria.
III. El efecto que la aplicación anticipada del
criterio B-6 tendrá sobre los rubros del balance general, así como en los
resultados del ejercicio de la institución de crédito.
Atentamente,
México a 3 de octubre
de 2011.- El Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Enrique Babatz
Torres.- Rúbrica.
“ANEXO 18
METODO DE CALIFICACION Y PROVISIONAMIENTO APLICABLE A LOS
CREDITOS A CARGO DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
SECCION
PRIMERA
Metodología General
Apartado A
Cálculo de las reservas
Las
Instituciones para el cálculo de las reservas preventivas de los créditos
otorgados a entidades federativas y municipios, deberán ajustarse a lo
siguiente:
I. El monto de las reservas preventivas de
cada crédito será el resultado de aplicar la expresión siguiente:
En donde:
Ri = Monto de las reservas preventivas a constituir para el i-ésimo crédito.
PI i = Probabilidad
de Incumplimiento del i-ésimo crédito.
SP i = Severidad
de la Pérdida del i-ésimo crédito.
EI i = Exposición al Incumplimiento del i-ésimo crédito.
II. La Probabilidad de Incumplimiento de cada
crédito (PI i), se calculará
utilizando la fórmula siguiente:
Para efectos de obtener la PIi correspondiente, las Instituciones deberán calcular el puntaje
crediticio total de cada acreditado, utilizando la expresión siguiente:
En donde:
Puntaje crediticio cuantitativoi = Es
el puntaje obtenido para el i-ésimo acreditado al
evaluar los factores de riesgo establecidos en el numeral I de la Sección
Cuarta del presente anexo.
Puntaje crediticio cualitativo i = Es
el puntaje que se obtenga para el i-ésimo acreditado
al evaluar los factores de riesgo establecidos en el numeral II de la Sección
Cuarta de este anexo.
a= Es
el peso relativo del puntaje crediticio cuantitativo, determinado conforme a lo
establecido en el numeral III de la Sección Cuarta del presente anexo.
Las
Instituciones emplearán la misma PIi para todos los créditos del mismo acreditado.
En caso de existir un obligado solidario, se calificará conforme a la
metodología general mencionada en el Artículo 111 de las presentes
disposiciones, que corresponda a dicho obligado.
La PIi
será igual a cero para los créditos que tengan como garantía un programa establecido por una ley federal que a su vez esté previsto en
el Presupuesto de Egresos de la Federación durante el ejercicio que
corresponda.
Sin
perjuicio de lo mencionado, las Instituciones deberán asignar una PIi
del 100 por ciento, a la entidad federativa o municipio cuando:
a) Algún
crédito con la Institución se encuentre en cartera vencida, de acuerdo con los
términos del criterio B-6, de los Criterios Contables.
Lo anterior no será aplicable
para las obligaciones que no sean reconocidas por el cliente y respecto de las
cuales exista un procedimiento de reclamación o aclaración o cuyos montos sean
menores al 5 por ciento del monto total de la deuda que la entidad federativa o
municipio tenga con la institución al momento de la calificación.
b) Al
menos un crédito no se reporte a la sociedad de información crediticia, o bien,
que su saldo, moneda o plazo de vencimiento no estén actualizados en dichas
sociedades.
Una vez asignada la PIi
de 100 por ciento para el acreditado, se deberá mantener durante el plazo
mínimo de un año, a partir de la fecha en la que se detecte la omisión del
registro o la falta de actualización señalada.
III. La Severidad de la Pérdida (SPi)
de los créditos otorgados a las entidades federativas o municipios que carezcan
de cobertura de garantías reales, personales o derivados de crédito será de:
a) 45%, para Posiciones
Preferentes.
b) 100%, para Posiciones
Subordinadas o cuando el crédito reporte 18 o más meses de atraso en el pago
del monto exigible en los términos pactados originalmente.
Tratándose de créditos cubiertos con garantías reales o personales, así
como por derivados de crédito, las Instituciones deberán sujetarse a lo que al
respecto se establece en el Apartado B de la presente sección
IV. La Exposición al Incumplimiento de cada
crédito (EI i
) se determinará con base
en lo siguiente:
a) Para
saldos dispuestos de líneas de crédito revocables unilateralmente por parte de
la Institución:
EI i = Si
b) Para líneas de crédito irrevocables:
Para efectos de lo dispuesto por
los incisos a) y b) anteriores, las Instituciones deberán considerar los
conceptos contenidos en la tabla siguiente:
|
Si |
= |
Al saldo insoluto del i-ésimo
crédito a la fecha de la calificación, el cual representa el monto de crédito
efectivamente otorgado al acreditado, ajustado por los intereses devengados,
menos los pagos de principal e intereses, así como las quitas, condonaciones,
bonificaciones y descuentos que se hubieren otorgado. En todo caso, el monto sujeto a la calificación no
deberá incluir los intereses devengados no cobrados, reconocidos en cuentas
de orden dentro del balance de créditos que estén en cartera vencida. |
|
Línea de
Crédito Autorizada |
= |
Monto máximo autorizado de la línea de crédito a la
fecha de calificación. |
Apartado
B
Ajustes en la Severidad de la
Pérdida
I. Las
Instituciones podrán reconocer las garantías reales, garantías personales y
derivados de crédito en la estimación de la Severidad de la Pérdida de los
créditos, con la finalidad de disminuir las reservas derivadas de la
calificación de cartera. Para tal efecto, emplearán el presente apartado cuando
calculen sus reservas.
II. Las
garantías reales admisibles podrán ser financieras y no financieras. Asimismo,
únicamente se reconocerán las garantías reales que cumplan con los requisitos
establecidos en las fracciones I y II del Artículo 2 Bis 30 y en la Sección
Segunda del presente anexo.
a) Tratándose
de garantías reales financieras, las Instituciones obtendrán una Severidad de
la Pérdida ajustada por garantías reales financieras (SP*), utilizando el procedimiento siguiente:
1. Las
Instituciones deberán ajustar tanto su posición expuesta frente a cada
contraparte, como el valor de las garantías reales financieras recibidas, a fin
de tener en cuenta posibles variaciones futuras del valor de ambos como
consecuencia de fluctuaciones del mercado.
2. Las
Instituciones determinarán un valor ajustado por riesgo de
sus exposiciones conforme a la siguiente fórmula:
EI* = 
En donde,
EI* = Exposición
al Incumplimiento ajustado por el valor de las garantías.
EI = El importe de la operación,
antes del reconocimiento de las respectivas garantías.
He = Factor
de ajuste para el importe de la operación de que se trate, conforme al Anexo
1-F de las presentes disposiciones.
C = Valor contable de la garantía real que
cubre la operación.
Hc = Factor de ajuste
correspondiente a la garantía real recibida, conforme a lo señalado en el Anexo
1-F de estas disposiciones y en el último párrafo del presente artículo.
H¦x = 8 por ciento en caso de diferente
denominación entre las monedas del importe de la exposición y de la garantía
real recibida, y 0 por ciento en cualquier otro caso.
Cuando las garantías reales
admisibles para una determinada operación estén constituidas por una canasta de
activos, el factor de ajuste (Hc) de la fórmula
anterior se determinará como el promedio ponderado de los factores individuales
que correspondan a cada uno de los activos que integren la canasta de que se
trate, conforme a lo siguiente:
Hc=iaiHi
En donde,
ai = Proporción del título
o instrumento “i” integrante del portafolio o canasta de activos.
Hi = Factor de ajuste
correspondiente a dicho activo “i”, conforme a lo señalado en el Anexo 1-F de las presentes disposiciones.
3. Las Instituciones determinarán
los factores de ajuste conforme al Artículo 2 Bis 38 de las presentes
disposiciones.
4. Una
vez obtenido el importe ajustado de la operación (EIi*), se obtiene la SP*, de acuerdo con la siguiente fórmula:
En donde,
|
SPi* |
= |
Severidad de la Pérdida del i-ésimo
crédito ajustada por garantías reales financieras |
|
SPi |
= |
45% ó 100%, según se trate de Posiciones Preferentes o
Subordinadas o con reporte de 18 o más meses de atraso en el pago del monto
exigible en los términos pactados originalmente. |
|
EIi* |
= |
Importe ajustado de la
operación |
|
EIi |
= |
Exposición al Incumplimiento del i-ésimo
crédito |
Se dará el tratamiento de dinero en
efectivo, a las garantías otorgadas mediante: a) contratos de fideicomisos
celebrados específicamente con la finalidad de compartir el riesgo de crédito
con las Instituciones, en los cuales actúen como fideicomitentes y fiduciarias
instituciones de banca de desarrollo que cuenten con la garantía expresa del
Gobierno Federal; b) fideicomisos públicos que tengan el carácter de entidades
paraestatales y que formen parte del Sistema Bancario Mexicano, de conformidad
con el Artículo 3 de la Ley; c) Fideicomisos de Contragarantía; d) la
Financiera Rural; e) el Fondo Nacional de Infraestructura y f) el Fondo
Nacional de Garantías de los sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural.
b) Tratándose de garantías
reales no financieras, las Instituciones obtendrán una Severidad de la Pérdida
ajustada (SPi**), con base en dos niveles del
coeficiente CiGR (C* y C**); así como por
el tipo de garantía real no financiera de que se trate, de conformidad con el
siguiente procedimiento:
1. La Severidad de la Pérdida ajustada (SPi**) para la i-ésima operación, con base en dos niveles del coeficiente CiGR;
así como el tipo de garantía real de que se trate, se determinará de
conformidad con la tabla siguiente:
Severidad
de la Pérdida efectiva para Posiciones Preferentes
|
Tipo de garantía |
(C*) Nivel
mínimo de cobertura admisible |
(C**) Nivel
de sobre cobertura para reconocer una menor SP |
(SPi**) Severidad
de la Pérdida mínima correspondiente a C** |
|
Derechos de cobro incluyendo derechos fiduciarios |
0% |
125% |
35% |
|
Bienes inmuebles comerciales y residenciales |
30% |
140% |
35% |
|
Bienes muebles |
30% |
140% |
40% |
|
Fideicomiso de garantía y de administración con Participaciones
Federales y Aportaciones Federales como fuente de pago |
25% |
125% |
10% |
|
Fideicomiso de garantía y de administración con
Ingresos Propios como fuente de pago. |
100% |
200% |
10% |
|
Instrucciones irrevocables y contratos de mandato de
garantía con Participaciones Federales, Aportaciones Federales e Ingresos
Propios como fuente de pago |
100% |
100% |
25% |
2. El
coeficiente CiGR para la i-ésima
operación será lo que resulte de
dividir el valor de la garantía real no financiera recibida, entre la EIi conforme a la expresión que se indica a continuación:
En donde,
|
Ci |
= |
Valor de la garantía real, el cual deberá
corresponder a la última valuación disponible de dicha garantía. En el caso
de participaciones en ingresos federales o ingresos propios cedidas a un
fideicomiso de administración y fuente de pago o algún otro tipo de
instrumento legal que cumpla los mismos fines, se considerará el monto
comprometido de los próximos 12 meses. En caso de que el fideicomiso cuente
con alguna cuenta de reserva que funja como respaldo para el pago del crédito
correspondiente, ésta se sumará al monto anual mencionado anteriormente. |
|
EIi |
= |
Exposición al Incumplimiento de la i-ésima posición. Cuando la EIi esté
garantizada con participaciones en ingresos federales o ingresos propios cedidas a un fideicomiso de administración y
fuente de pago o algún otro tipo de instrumento legal que cumpla los mismos
fines, se considerará como el flujo estimado de deuda de los próximos 12
meses (incluyendo capital e intereses). En el caso de
que la deuda esté referida directa o indirectamente a tasa variable y no cuente con algún mecanismo
de cobertura de tasa, el flujo estimado anual de deuda deberá multiplicarse
por 110%. |
3. Para efectos de determinar SPi**, se considerarán las garantías reales no financieras
únicamente cuando dichas garantías cumplan con los
requisitos establecidos en la Sección Segunda del presente anexo y el coeficiente CiGR ≥
C*, es decir, cuando dicho
coeficiente alcance o supere el nivel mínimo de cobertura admisible.
4. Se
asignará a la operación directamente la SPi** relacionada con el
tipo de garantía, cuando el coeficiente CiGR ≥ C**, es decir, cuando dicho coeficiente
alcance o supere el nivel de sobre cobertura.
5. Para
cada tipo de garantía deberá utilizarse la SPi** y los niveles C* y
C** establecidos en la tabla contenida en el numeral 1 del presente inciso.
6. A las operaciones en donde CiGR < C* se
les asignará una SPi** igual a:
i) 45% para Posiciones
Preferentes, o
ii) 100% para Posiciones
Subordinadas o cuando la operación
se trate de un crédito que reporte 18 o más meses de atraso en el pago del
monto exigible en los términos pactados originalmente.
7. Para operaciones cuyo
coeficiente CiGR se encuentre
entre los niveles C* y C**, se aplicará lo siguiente:
i) Para cada operación deberá
identificarse la porción plenamente cubierta, dividendo el valor de la garantía
real no financiera entre el nivel C** que corresponda al
tipo de garantía real no financiera (Ci
/ C**), de conformidad
con la tabla contenida en la fracción I anterior. A dicha porción cubierta se
le asignará la SPi** asociada al referido nivel C**.
ii) La porción expuesta se
obtendrá restando a la EIi la porción plenamente cubierta determinada
conforme al inciso anterior. A esta porción se le asignará una SPi
de 45% para Posiciones Preferentes o 100% cuando corresponda a Posiciones
Subordinadas o se trate de un
crédito que reporte 18 o más meses de atraso en el pago
del monto exigible en los términos
pactados originalmente.
c) Las Instituciones, con el
fin de ajustar las reservas preventivas podrán reconocer únicamente las
garantías personales y derivados de crédito que cumplan con los requisitos
establecidos en la Sección Tercera del presente anexo, ajustándose a lo que se
establece a continuación.
1. Cuando existan avales u obligados solidarios, distintos a las entidades
federativas y municipios, que garanticen la totalidad del saldo del crédito,
las Instituciones reservarán el equivalente al 1% del saldo del crédito.
2. Cuando existan garantes, distintos a las
entidades federativas y municipios, que cubran una parte del saldo del crédito, se empleará
para obtener las reservas preventivas el procedimiento siguiente:
i) Se identificará la parte cubierta y la
parte expuesta del crédito.
ii) Las reservas de la parte cubierta se
determinarán como el 1% de la parte cubierta
iii) Las reservas de la parte expuesta se
determinarán utilizando la PIi y la SPi del acreditado, conforme a lo establecido en la
presente sección.
3. Adicionalmente, las
Instituciones podrán reconocer la cobertura de otros garantes admisibles
establecidos en el Artículo 2 Bis 44 de las presentes disposiciones,
4. Cuando el crédito y el
derivado que le sirva de garantía estén denominados en una moneda diferente, se
deberá aplicar el procedimiento establecido en el Artículo 2 Bis 46 de estas
disposiciones.
d) Las
Instituciones que sean beneficiarias de Esquemas de Cobertura de Primeras
Pérdidas o Esquemas de Cobertura en Paso y Medida, otorgadas por otras
Instituciones o entidades financieras, respecto de créditos a cargo de
entidades federativas y municipios, podrán ajustar el porcentaje de reservas
preventivas que corresponda a cada crédito cubierto, conforme a lo establecido
en presente inciso.
En todo caso, para que las
Instituciones puedan considerar los esquemas de cobertura éstos deberán ser
provistos por alguno de los garantes admisibles señalados en el Artículo 2 Bis
44 de estas disposiciones; ajustándose a lo establecido en las fracciones I,
II, y IV, así como al último, penúltimo y antepenúltimo párrafos del Artículo
101 de las presentes disposiciones. En el caso de seguros de crédito, se
deberán considerar los mismos requisitos que para el Seguro de Crédito a la
Vivienda se establecen en la fracción III del Artículo 101 de las presentes disposiciones.
1. Las Instituciones que cuenten con el
beneficio de un Esquema de Cobertura en Paso y Medida, deberán constituir el
monto de reservas preventivas que resulte de la aplicación de la fórmula
siguiente:
En donde,
Ri; PIi; SPi; y EIi = Conforme a lo establecido
en el presente anexo.
%CobPaMed i= Porcentaje
cubierto por el Esquema de Cobertura en Paso y Medida que corresponda al i-ésimo crédito en particular.
Adicionalmente,
las Instituciones constituirán el monto de reservas preventivas correspondiente
a la parte cubierta del crédito, conforme a lo siguiente:
En donde,
RPCPaMed_i= Monto de reservas a constituir para la parte cubierta
para el i-ésimo crédito.
2. Las Instituciones que sean beneficiarias de
un Esquema de Cobertura de Primeras Pérdidas, provisionarán cada crédito,
utilizando el procedimiento siguiente:
i) Deberán determinar el porcentaje cubierto
por el Esquema de Cobertura de Primeras Pérdidas que corresponda a cada crédito
a calificar, utilizando la siguiente expresión, siempre que en el contrato el
porcentaje de cobertura se exprese como un monto y no como un porcentaje:
En donde,
%CobPPi = Porcentaje
cubierto por el Esquema de Cobertura de Primeras Pérdidas que corresponde al i-ésimo crédito.
Monto
de Primeras Pérdidas = Monto limitado
destinado a cubrir las primeras pérdidas que pudieran generarse del
incumplimiento de un crédito o un portafolio con un número determinado de
créditos.
Suma de
los Saldos insolutos de los créditos, cuando el Esquema de Cobertura de
Primeras Pérdidas ampare un portafolio de créditos. En caso de que el esquema
ampare un solo crédito, el denominador se sustituirá por Si, definida en
los términos de este anexo.
ii) Una vez obtenido el
porcentaje de cobertura del Esquema de Cobertura de Primeras Pérdidas para el
crédito, deberán utilizar la fórmula siguiente:
)
En donde,
Ri = Monto de reservas
a constituir para el i-ésimo crédito sujeto al
Esquema de Cobertura de Primeras Pérdidas.
SP i * = Severidad de la pérdida ajustada por el Esquema de Cobertura de
Primeras Pérdidas, obtenida mediante la expresión:
SP i = 45% para Posiciones Preferentes y 100% para Posiciones Subordinadas o
con 18 o más meses de atraso en el pago del monto exigible en los términos
pactados originalmente.
iii) Para cada crédito beneficiario
del Esquema de Cobertura de Primeras Pérdidas, constituirán las reservas que
resulten de aplicar la fórmula siguiente:
En donde,
RPCPP_i= Monto
de reservas a constituir por la parte cubierta para el i-ésimo
crédito.
e) Las
Instituciones, al calificar créditos que cuenten con 2 o más garantías, podrán
reconocer la cobertura de dichas garantías considerando lo siguiente:
1. Determinarán la parte del saldo que se
encuentre cubierta por 2 o más garantías, sean éstas
reales o personales en Esquemas de Cobertura de Paso y Medida o Primeras
Pérdidas, así como la porción expuesta o no cubierta en los términos descritos.
2. La parte cubierta del saldo del crédito se
podrá dividir en 2 o más segmentos, en función del tipo de garantías que se hubieren otorgado,
siempre y cuando se ajuste a lo siguiente:
i) Si cuenta con 2 o más garantías
personales en Esquemas de Cobertura de Paso y Medida o Primeras Pérdidas, cada
garante debe responder por una parte alícuota del saldo del crédito y no
existir entre los garantes, excepciones o defensas de prelación de orden al
cobro entre ellos.
ii) Si cuenta con 2 o más garantías reales,
cada una de ellas debe garantizar una parte alícuota del saldo del crédito y
existir convenio expreso en los contratos que den origen a
la garantía, que permitan identificar a cada bien gravado.
iii) Tratándose de combinaciones de garantías personales en Esquemas
de Cobertura de Paso y Medida o Primeras Pérdidas y reales, tanto para determinar la
porción cubierta como para realizar los ajustes correspondientes, solo se
considerará una de las garantías personales en Esquemas de Cobertura de Paso y
Medida o Primeras Pérdidas, hasta por el monto que específicamente cubra. Adicionalmente, podrán considerarse todas
las garantías reales con las que se cuente, hasta por el monto que
específicamente cubra cada una de ellas de acuerdo a lo establecido en la
presente sección.
Adicionalmente, cuando las
Instituciones que participan en un crédito reciban garantías asignables a cada
Institución en partes proporcionales, todas con el mismo grado de prelación,
considerarán la parte proporcional que de dicha garantía les corresponda.
Al recibir garantías cuya validez
esté sujeta al cumplimiento de términos y condiciones por parte de la
Institución acreedora de la garantía y esta última los incumpla, no deberá
considerarse la garantía para efectos de lo establecido en la presente sección.
En todo
caso, las garantías reales y personales en Esquemas de Cobertura de Paso y
Medida o Primeras Pérdidas deberán cumplir con los requisitos establecidos en las Secciones
Segunda y Tercera del presente anexo, respectivamente, así como estar
debidamente constituidas en la forma y términos establecidos en las
disposiciones legales aplicables.
Las Instituciones, en ningún caso
podrán tomar simultáneamente garantías personales en Esquemas de Cobertura de Paso y Medida o
Primeras Pérdidas y reales de un mismo garante, para
efecto de ajustes en el monto de reservas resultado de la calificación.
Asimismo, las instituciones de banca múltiple, no podrán reconocer, las
garantías otorgadas por Personas Relacionadas Relevantes, a menos de que se
trate de las garantías reales señaladas en los numerales 1 a 4 del inciso a),
numeral II de la Sección Segunda del presente anexo o en el Anexo 1-P y, en
ambos casos, cumplan con los requerimientos establecidos en la Sección Segunda
de este anexo.
En cualquier caso, las
Instituciones podrán optar por no reconocer las garantías, si con ello resultan
mayores reservas.
f) Las instituciones de banca
de desarrollo al calificar en forma individual los créditos otorgados a
entidades federativas y municipios originados por operaciones crediticias de
segundo piso celebradas conforme a las leyes orgánicas que las rijan, con
instituciones de banca múltiple o entidades financieras, deberán apegarse a lo
siguiente:
1. Tratándose de créditos en los que se pueda
considerar que el riesgo recae en entidad federativa o municipio que haya
recibido el crédito de la institución de banca múltiple o entidad financiera, o
bien, en aquellos créditos que cuenten con garantías otorgadas u obligaciones
solidarias asumidas por las propias instituciones de banca de desarrollo a favor de las
Instituciones o entidades, solicitarán a las instituciones de banca múltiple o
entidades financieras, la Pérdida Esperadai que hayan asignado al crédito o
sobre el cual hayan proporcionado garantías. En todo caso, la PIi y la SPi deben ser obtenidas
de conformidad con el presente anexo.
2. Cuando en las operaciones de crédito de
segundo piso, las instituciones de banca múltiple o entidades financieras
funjan como avalistas, fiadores u obligados solidarios a favor de instituciones
de banca de desarrollo, asumiendo totalmente el riesgo de incumplimiento en el
pago, la institución de banca de desarrollo constituirá reservas sobre la parte
cubierta conforme al riesgo de las instituciones de banca múltiple o entidades
financieras en los términos que se establecen en el Artículo 111 de las
presentes disposiciones.
SECCION SEGUNDA
Requisitos para el empleo de garantías reales
I. Las
Instituciones, a fin de utilizar garantías reales para efectos de la
calificación y provisionamiento de créditos a cargo
de entidades federativas y municipios, deberán tener a disposición de la
Comisión evidencia que acredite lo siguiente:
a) La suscripción de contratos
u otros instrumentos en que se documente la constitución de las garantías, en
los que consten las causas de incumplimiento que generen el derecho de la
Institución a ejecutar dichas garantías.
b) Adopción de las medidas
necesarias que garanticen la conservación de los bienes objeto de las
garantías, incluida la inscripción de éstas en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio que corresponda y en el caso de las participaciones en
los ingresos federales, en el Registro Unico de
Obligaciones y Empréstitos Local y en el Registro de Obligaciones y Empréstitos
de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría; así como las necesarias
para ejercer el derecho a una compensación basada en la transferencia de la
propiedad de las garantías reales.
c) La existencia de procesos
de administración de riesgo que en adición a lo dispuesto en otras
disposiciones de la Comisión, considere explícitamente los riesgos legal,
operacional, de liquidez y de mercado que deriven del uso de garantías reales.
d) La incorporación en las
políticas de crédito y manuales derivados de ellas, de lineamientos y
procedimientos para la administración de garantías reales en general y de
elementos de disminución de requerimientos de reservas en específico. Al
respecto, las Instituciones deberán contar con políticas relativas para
asegurar que:
1. Se lleve a cabo una valuación frecuente de las garantías reales, conforme
a lo señalado en el numeral VIII de la presente sección, incluyendo pruebas y
análisis de escenarios bajo condiciones inusuales o extremas de mercado.
2. Que
se muestren en todo momento la situación, ubicación y estado de las garantías
reales recibidas, así como problemas potenciales de liquidación.
3. Exista una adecuada diversificación de
riesgos con relación a las garantías reales.
4. Se realice una correcta administración de
las garantías, a efecto de que se contemplen las diferencias en las fechas de
vencimientos y los consiguientes periodos de exposición, una vez que las
garantías reales expiren.
5. Se lleve a cabo la vigilancia y la atención
de los riesgos derivados de factores externos, que pudieran incidir en la
capacidad de las garantías reales para hacer frente al riesgo de crédito (por
ejemplo, comportamiento de la liquidez en el mercado de las garantías reales).
6. Las autoridades y el público conozcan las
políticas relevantes relacionadas con el manejo y administración de riesgos,
derivados del uso de garantías reales como cobertura del riesgo de crédito.
e) El establecimiento de
métodos y controles internos que garanticen:
1. Que
las garantías reales otorgadas, no sean valores emitidos por el mismo grupo de
Riesgo Común al que pertenece el acreditado.
2. El
cumplimiento de la normatividad correspondiente y de los términos establecidos
en los contratos, para declarar el incumplimiento de la contraparte y para la
liquidación de las garantías reales.
3. En
su caso, la toma de medidas necesarias para asegurar la separación de las
garantías reales respecto a otros activos cuando la garantía real esté bajo la
guarda y custodia de un tercero.
II. Las
garantías reales para ser admisibles deberán corresponder a alguno de los
siguientes tipos:
a) Garantías Financieras:
1. Dinero en efectivo o valores y medios de
pago con vencimiento menor a 7 días a favor de la Institución, cuando el deudor
constituya un depósito de dinero en la propia Institución y le otorgue un
mandato irrevocable para aplicar los recursos respectivos al pago de los
créditos, o bien, cuando se trate de títulos de crédito negociables de
inmediata realización y amplia circulación cuyo valor cubra con suficiencia el
monto garantizado y, que en caso de incumplimiento, se encuentren disponibles
sin restricción legal alguna para la Institución y de los cuales el deudor o
cualquier otra persona distinta a la Institución no pueda disponer mientras
subsista la obligación.
2. Depósitos, valores y créditos a cargo del
Banco de México.
3. Valores emitidos o avalados por el Gobierno
Federal.
4. Valores, títulos y documentos, a cargo del
IPAB, así como las obligaciones garantizadas por este Instituto.
5. Instrumentos de deuda emitidos por Estados
soberanos o por sus bancos centrales, que cuenten con una calificación
crediticia emitida por una Institución Calificadora reconocida, igual o mejor
al grado de riesgo 3 del Anexo 1-B.
6. Instrumentos de deuda emitidos por
Instituciones, casas de bolsa y otras entidades que cuenten con una
calificación crediticia emitida por una Institución Calificadora reconocida,
igual o mejor al grado de riesgo 3 del Anexo 1-B.
7. Instrumentos de deuda de corto plazo que
cuenten con una calificación crediticia emitida por una Institución
Calificadora reconocida, igual o mejor al grado de riesgo 3 del Anexo 1-B.
8. Instrumentos de deuda emitidos por
Instituciones que carezcan de una calificación crediticia emitida por una
Institución Calificadora reconocida, siempre y cuando se cumpla con la
totalidad de los siguientes puntos:
i) Los instrumentos coticen en un mercado
reconocido conforme a las disposiciones aplicables y estén clasificados como
deuda preferente.
ii) Todas las emisiones calificadas de la misma
prelación realizadas por la Institución emisora gocen de una calificación
crediticia emitida por una Institución Calificadora reconocida de al menos
grado de riesgo 3 del Anexo 1-B.
iii) La Institución que mantiene los valores como
garantías reales no posea información que indique que a la emisión le
corresponde una calificación inferior al grado de riesgo 3 del Anexo 1-B, según
sea el caso.
9. Títulos
accionarios que formen parte del Indice de Precios y
Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores o de Indices
principales de otras bolsas, así como las obligaciones subordinadas
convertibles en tales títulos.
10. Valores
y créditos garantizados con los instrumentos relativos a las operaciones
señaladas en los numerales 1, 2 y 4, del presente numeral II, así como en las
fracciones II y III del Artículo 46 de la Ley, siempre y cuando la garantía se
constituya con pasivos a cargo de la propia Institución sin importar su plazo,
estos últimos no puedan ser retirados en una fecha anterior al vencimiento de
la Operación que estén garantizando y esté pactado que los recursos
correspondientes a dichos pasivos se aplicarán al pago de la propia operación
en caso de incumplimiento.
11. Títulos
accionarios y obligaciones subordinadas convertibles en tales títulos que se
coticen en la Bolsa Mexicana de Valores o en otras Bolsas reconocidas.
12. Inversiones
en sociedades de inversión que coticen diariamente y cuyos activos objeto de
inversión se incluyan en los instrumentos señalados en los numerales 1 a 9 y 11
anteriores.
b) Garantías No Financieras:
1. Inmuebles comerciales o residenciales que
sean independientes a la fuente primaria de pago del acreditado y que adicionalmente
el valor de la garantía no dependa sustancialmente de la situación económica
del acreditado, incluyendo aquellos bienes otorgados en arrendamiento, respecto
de los cuales no exista opción de compra al término de la vigencia del
contrato. La garantía deberá valuarse en un monto
menor o igual que el valor razonable corriente, al que podría venderse la
propiedad mediante contrato privado entre un vendedor y un comprador.
2. Bienes
muebles, inscritos en el Registro Unico de Garantías
Mobiliarias al que se refiere el Código de Comercio o depositados en almacenes
generales de depósito, incluyendo aquellos bienes otorgados en arrendamiento,
respecto de los cuales no exista opción de compra al término de la vigencia del
contrato.
3. Derechos
de cobro y fiduciarios, los cuales deberán tener un plazo de vencimiento
inicial igual o inferior a un año y cuya liquidación deberá realizarse mediante
los flujos derivados de los activos subyacentes, respecto de los cuales la
Institución deberá contar con la propiedad y disposición de los flujos de
efectivo derivados de los derechos de cobro, en cualquier circunstancia
previsible.
Cuando el deudor realice directamente
los pagos al cedente de los derechos de cobro, fideicomiso o administrador de
cobranza, la Institución deberá comprobar periódicamente que esos pagos son
reenviados a la Institución dentro de los términos incluidos en el contrato.
4. Participaciones
en los ingresos federales que correspondan a las entidades federativas o
municipios, las cuales se podrán otorgar mediante:
i) Fideicomiso
de garantía y administración.
ii) Instrucciones
irrevocables y contratos de mandato de garantía.
5. Ingresos
propios que correspondan a las entidades federativas o municipios, los cuales
se podrán otorgar mediante:
i) Fideicomiso
de garantía y administración.
ii) Instrucciones
irrevocables y contratos de mandato de garantía.
III. Las garantías referidas en el numeral II anterior deberán:
a) Estar debidamente constituidas a favor de la Institución de que
trate.
1. En el caso de las participaciones en los
ingresos federales deberán:
i) Contar con autorización de las
legislaturas locales, conforme a lo establecido en las leyes locales de deuda
correspondientes.
ii) Estar inscritas en el Registro
Unico de Obligaciones y Empréstitos Local, al que se
refiere el tercer párrafo del Artículo 90 de la Ley de Coordinación Fiscal.
iii) Estar registradas en el Registro de
Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y
Municipios de la Secretaría.
iv) Contar con mecanismos
claros de canalización de los recursos a favor de las Instituciones para el
pago del financiamiento, tales como: carta de instrucción irrevocable a la
Tesorería de la Federación, o a través de fideicomisos u otros estructurados.
v) Para créditos mayores
al equivalente a 22 millones de UDIs deberán contar
con la opinión de un despacho jurídico especializado independiente de la
Institución, acerca de la validez del respaldo de las participaciones en los
ingresos federales con base en los documentos que respaldan las obligaciones de
la entidad federativa o municipio para con el banco. Para créditos con montos
iguales o menores al equivalente a 22 millones de UDIs,
la opinión referida podrá ser emitida por el área jurídica de la propia
Institución.
vi) En el caso de créditos mayores
al equivalente a 22 millones de UDIs garantizados con los Ingresos propios, se deberá contar con
la opinión de un despacho jurídico especializado independiente de la
Institución acerca de la validez del respaldo de dichos ingresos. Para créditos con montos iguales o menores al equivalente a 22 millones
de UDIs, la opinión referida podrá ser emitida por el
área jurídica de la propia Institución.
2. En el caso de bienes inmuebles deberán:
i) Ser jurídicamente exigibles en todas las
jurisdicciones pertinentes y estar debidamente constituidas.
ii) Estar inscritas en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de que se trate.
iii) Contar con acuerdos de
garantías, los cuales junto con el proceso jurídico en que se sustente, deberán
permitir a la Institución liquidar el valor de la garantía en un plazo menor a
36 meses.
b) Estar
libres de gravámenes con terceros, considerando para tal efecto el aforo de la
garantía.
c) Recaer
sobre bienes asegurados a favor de la Institución cuando por la naturaleza de
estos últimos se requiera su aseguramiento por daños o desperfectos.
d) Ser
de fácil realización.
VII. Para
el caso de bienes inmuebles, se deberá contar con un reporte documental en el
que se evidencie su existencia real y estado físico actual, así como su
seguimiento a la existencia y grado de cualquier derecho lícito preferente
sobre la propiedad. Dicho reporte no deberá tener una antigüedad superior a un
año.
VIII. Los
avalúos deberán realizarse conforme a lo establecido en la regulación emitida
por la Comisión al respecto y deberán actualizarse de conformidad con las
políticas de la Institución de que se trate.
Tratándose
de bienes inmuebles comerciales deberán valuarse:
a) Por
lo menos cada dos años o con mayor periodicidad cuando las condiciones de
mercado sean inestables.
Si derivado de la aplicación de
estimaciones de valor de los bienes se identifican bienes cuyo valor haya
disminuido y precisen nuevas valoraciones, el avalúo deberá actualizarse.
b) Cuando
la información disponible sugiera que su valor pueda haberse reducido de forma
significativa, respecto a los precios generales de mercado o cuando tenga lugar
algún incumplimiento.
SECCION TERCERA
Requisitos para el empleo de garantías personales y derivados de
crédito
Las Instituciones que empleen garantías personales y derivados de
crédito, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I. Contar con políticas,
procedimientos y controles internos para efectuar el análisis de la cobertura,
que consideren cuando menos lo siguiente:
a) La evaluación periódica de
la calidad crediticia de la Institución o entidad proveedora de la garantía
personal y derivado de crédito, misma que las Instituciones podrán realizar
considerando como mínimo, el seguimiento y análisis de las calificaciones
asignadas por Instituciones Calificadoras.
b) Respecto de la propia
garantía personal y derivado de crédito, deberán evaluar la forma en que se
estructuraron dichas operaciones y la facilidad de su ejecución, considerando
cuando corresponda, otras obligaciones directas y contingentes a cargo de la
Institución o entidad proveedora de las mismas.
II. Tener contratos u otros
instrumentos en que se documente la constitución de las garantías en los que
consten los supuestos y el mecanismo jurídico para ejercer la garantía. Dichos
mecanismos deberán:
a) Asegurar que la Institución
mantiene el derecho a ejecutarla de manera legal en caso de incumplimiento,
insolvencia, concurso mercantil o de cualquier otro evento similar, y que el
contrato o instrumento en el que se documente, no contiene cláusulas que
permitan al proveedor de la protección, cancelar unilateralmente la cobertura o
aumentar el costo de la garantía ante un deterioro de la calidad crediticia de
la posición cubierta.
b) Ser irrevocables e
incondicionales, por lo que los contratos o instrumentos en los que consten, no
podrán contener cláusula alguna que permita al proveedor de protección eximirse
de pagar de manera puntual en el caso de que la contraparte original presente
algún incumplimiento. En todo caso, los contratos o demás documentos únicamente
podrán ser modificados con el acuerdo de la Institución.
c) Ser obligatorios para las
partes involucradas y exigibles legalmente en las jurisdicciones
correspondientes.
d) Prever que al presentarse un
incumplimiento o falta de pago del deudor, la Institución podrá iniciar de
inmediato acciones contra el garante respecto de las obligaciones de pago
pendientes. Asimismo, deberá estipularse que el garante podrá realizar un pago
único que cubra la totalidad del importe de las obligaciones pendientes a cargo
del deudor de la Institución, o bien, podrá asumir el pago futuro de las
obligaciones a cargo del deudor. En todo caso, la obligación del garante debe
estar claramente establecida en la documentación que formaliza la operación.
III. Cumplir con los
requisitos legales aplicables, a fin de obtener y mantener el derecho de
ejercer la garantía, así como llevar a cabo el seguimiento que sea necesario
con el fin de asegurar el cumplimiento de dichos requisitos.
a) Tratándose de garantías
personales, cuando menos deberán observar lo siguiente:
1. El
garante debe ser persona moral.
2. No podrán considerarse garantías
otorgadas recíprocamente entre las personas que a su vez garanticen el pago del
crédito de que se trate ni las otorgadas por Personas Relacionadas Relevantes,
salvo que se trate de las establecidas en la fracción I, incisos a) a d) del
Artículo 2 Bis 33 o en el Anexo 1-P y que cumplan con los requerimientos
establecidos en el presente anexo.
3. Debe
ser una obligación explícitamente documentada que asume el garante.
4. No
podrá ser cancelada unilateralmente por el garante.
5. El
garante deberá cubrir cualquier tipo de pagos que el deudor esté obligado a
efectuar en virtud del instrumento legal que regula la operación.
6. Podrán
reconocerse garantías personales contingentes, siempre que los criterios de
asignación contemplen adecuadamente cualquier posible reducción del efecto de
cobertura del riesgo.
b) Tratándose de derivados de
crédito, cuando menos deberán cumplir con lo siguiente:
1. El instrumento legal que formaliza la
operación deberá considerar como mínimo los eventos de crédito siguientes:
i) El incumplimiento en el pago de los
importes en los términos de la obligación subyacente, exigibles en el momento
de dicho incumplimiento.
ii) La quiebra, insolvencia o incapacidad del
deudor para hacer frente a sus deudas, o su incumplimiento de pago o la
aceptación por escrito de su incapacidad generalizada para satisfacerlas a su
vencimiento, así como eventos similares.
iii) La reestructuración de la obligación
subyacente que implique la condonación o el diferimiento del pago del
principal, los intereses, las comisiones, u otro cargo similar que puedan
representar pérdidas para la Institución.
iv) La
constitución de mayores provisiones derivadas de un deterioro en la calidad
crediticia del activo financiero.
Cuando la reestructuración o
constitución de mayores provisiones por deterioro de la calidad crediticia no
estén contempladas como evento del crédito, se estará a lo dispuesto en el
numeral 9) del presente inciso b).
2. Cuando
el derivado de crédito cubra obligaciones no incluidas en la obligación de
referencia, es decir, la obligación usada para propósitos de liquidación o
entrega de la obligación, se estará a lo establecido en el numeral 8) del
presente inciso b) para determinar si tal desajuste es admisible.
3. El
periodo de vigencia del derivado de crédito no podrá concluir antes de expirado
cualquier periodo de gracia necesario para poder determinar que efectivamente
se ha producido el incumplimiento de la obligación subyacente, sujeto a lo
establecido en el Artículo 2 Bis 48 de las presentes disposiciones, referentes
a la diferencias en los plazos de vencimiento de la operación y garantías.
5. Los
derivados de crédito que permitan la liquidación en efectivo serán reconocidos
siempre que exista un proceso de valoración aprobado por el Comité de Riesgos
de la Institución para estimar las pérdidas con precisión. Asimismo, deberá
establecerse de manera fehaciente el periodo en que, una vez ocurrido el evento
de crédito, deberá realizarse la valoración de la obligación subyacente. Cuando
la obligación de referencia contemplada en el derivado de crédito sea diferente
que la obligación subyacente, se determinará si este desajuste entre
obligaciones sería permitido, en términos de lo establecido en el numeral 8)
del presente inciso b).
6. Si
para proceder a la liquidación fuera necesaria la transferencia de la
obligación subyacente, ninguna de las partes del derivado de crédito podrá
oponerse a dicha transferencia, aspecto que deberá contemplarse en el
instrumento legal que documente la operación.
7. Deberá
quedar establecida la identidad de la o las personas responsables de determinar
si ocurrió o no un evento de crédito, misma que no deberá estar limitada
únicamente al vendedor de protección, sino que el comprador de la misma deberá
tener el derecho de informar al primero sobre el momento en que ocurra un
evento de crédito.
8. La
obligación subyacente podrá ser diferente a la obligación de referencia del
derivado de crédito, para efectos de determinar el valor del efectivo a
liquidar en el caso de que se presente el evento crediticio, siempre que:
i) La
obligación de referencia sea igual o inferior a la obligación subyacente, y
ii) Ambas
obligaciones sean emitidas por el mismo deudor y contengan cláusulas recíprocas
para exigir el incumplimiento o el vencimiento anticipado.
Asimismo,
se permitirá el desajuste entre la obligación subyacente y la obligación
utilizada para efectos de determinar si ha ocurrido un evento crediticio,
siempre que esta última obligación cumpla los requisitos i) y ii) anteriores.
9. Cuando
la reestructuración o constitución de mayores provisiones por deterioro de la
calidad crediticia de la obligación subyacente, no estén contempladas como
eventos de crédito, pero se cumplan los demás requisitos establecidos en los
numerales anteriores, se permitirá un reconocimiento parcial del derivado de
crédito, conforme a lo siguiente:
i. Si
el importe del derivado de crédito fuera inferior o igual al de la obligación
subyacente, podrá considerarse el 60 por ciento del valor de la cobertura.
ii. Si
el importe del derivado de crédito fuera superior al de la obligación
subyacente, se podrá considerar como cobertura un máximo del 60 por ciento del
valor razonable de la obligación subyacente.
V. Revelar en notas a los
estados financieros cómo utilizan las garantías personales y derivados de
crédito para cubrir el riesgo de crédito. La revelación de la información a que
se refiere la presente fracción, deberá ser publicada de manera general y
agregada, destacando el monto que cubren dichas técnicas de mitigación, en su
caso, por garantías personales y derivados de crédito.
